Reconocen conflicto de intereses en terreno destinado a parroquia en San Pedro

Autoridades reconocieron que hubo conflicto de intereses en la adquisición de una superficie de 300 metros que forma parte de un terreno, de alrededor de 1,200 metros que fue donado, desde hace varias administraciones para la construcción de la Parroquia del Señor de la Misericordia, en la colonia Francisco I. Madero del municipio de San Pedro, en donde aparece como propietaria la esposa de un contratista de la administración y del Simas municipal.

Asimismo, confirmaron que, de origen la cesión del predio carece de legalidad, ya que, aunque inicialmente estaba destinado para área verde, pero el municipio lo ocupa como corralón, sin ser el propietario, aunque finalmente la Comisión Estatal de la Vivienda se encargará de iniciar el procedimiento para la iglesia se adjudique legalmente la propiedad.

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Cómo se destapó el conflicto

El problema se “destapó” hace unas semanas, luego de que el contratista identificado como Vladimir Hernández envió maquinaria para limpiar el predio ubicado en la parte posterior de la parroquia, la cual está en proceso de construcción.

Esto causó la inconformidad de feligreses y vecinos de colonias aledañas, quienes denunciaban que fueron despojados de una parte del terreno que se les entregó en donación durante la administración de Jorge Abdalá Serna y cuya superficie fue ampliada posteriormente por Juan Gónzalez en 300 metros más, justamente el pedazo que se había vendido.

Reunión entre autoridades, regidores y comunidad católica

Ante los reclamos, acusaciones y especulaciones contra las actuales autoridades municipales, ya que se acusó directamente al delegado regional de la Comisión Estatal de la Vivienda, Ricardo Castro, quien también se dijo funge como colaborador cercano de la alcaldesa, de incurrir en la presunta negociación irregular, el lunes se llevó a cabo una reunión entre autoridades, regidores, feligreses y sacerdotes.

Entre los asistentes hubo enviados directamente de las oficinas de la Diócesis de Torreón para solucionar el “entramado” que se originó.

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Se acordó iniciar con el proceso de escrituración de un predio de poco más de 947.99 metros cuadrados, que es el que pertenece al Estado, así como entablar un juicio de usucapión o preinscripción positiva para recuperar los 300 metros de terreno que compró la esposa del contratista.

En la reunión, realizada el lunes en el Auditorio Municipal, estuvieron presentes el director de la Comisión Estatal de la Vivienda, Andrés Osuna Mancera; Alonso Villarreal, secretario técnico de la dependencia; la alcaldesa Brenda Güereca; el secretario del Ayuntamiento, Jaime Martínez Cepeda; así como regidores del PRI, del Verde Ecologista, UDC e Independientes.

Los ediles de las distintas fracciones políticas apoyaban a la comunidad católica ante el presunto “atropello” que se estaba cometiendo.

Explican origen irregular del terreno

Los funcionarios estatales explicaron que, de acuerdo con los expedientes obtenidos en el Registro Público de la Propiedad, la donación se hizo irregularmente desde la creación de la colonia Francisco I. Madero.

Indicaron que, sin ser propietario, en 1998 el municipio donó el predio para un programa de construcción de viviendas. En varias etapas se edificaron más de 300 casas, pero las familias no podían tramitar sus escrituras, por lo que el Estado tuvo que negociar con la dueña original, de nombre Beatriz, para la compra-venta del predio.

Los documentos se empezaron a “liberar” en 2024; por lo tanto, el lugar que se utiliza como corralón, donde se construyó la iglesia, nunca ha sido propiedad del municipio.

La solución planteada fue que nuevamente se “subiera” al Congreso del Estado y al Cabildo la propuesta para donar el terreno de 947.99 metros cuadrados que pertenece al Estado, así como entablar un juicio de usucapión o preinscripción positiva para recuperar los 300 metros de terreno en los que aparece como propietaria la esposa del contratista.

Señalamientos por la venta del predio

Con relación a los 300 metros en “disputa”, la regidora del PRI María Luisa González afirmó que el municipio contaba con los planos de las administraciones 2010 al 2013 y 2014 al 2016 que amparaban al municipio.

Sin embargo, el funcionario le repitió que desde origen se incurrió en una irregularidad e incluso reconoció que se cometió un fraude, pues insistió en que el Municipio nunca fue el propietario. La edil independiente Aracely Rosales preguntó que, aun así, la venta al particular se hizo con conocimiento de causa, por lo que consideró que también se cometió una irregularidad.

Después del intercambio de puntos de vista, en el que incluso integrantes del Cabildo sugirieron llevar el caso hasta la Fiscalía General de la República, el director de la Comisión Estatal de la Vivienda reconoció que hace algunos años la dependencia vendió otros lotes y que particularmente en 2017 el predio en cuestión lo adquirió una persona de nombre Elena, aunque el pago del mismo data de 2012.

Agregó que en 2025 se hizo una cesión de derechos privada a favor de Gaby, incluso sin estar registrada ante un notario, y fue entonces que las regidoras señalaron que era la esposa del contratista.

“Nosotros sabemos que el que vendió fue Ricardo (el delegado regional de la Vivienda)” cuestionó María Luisa González a quien además lo acusó que junto con el contratista “saqueaban al municipio en despoblado”.

El regidor del Verde Ecologista Jesús Milán mencionó que le parecía raro que si el predio, que siempre se ha utilizado para el corralón sin que el Municipio sea el dueño, cuando se determinó vender esos 300 metros, por qué la Comisión de Vivienda no se lo ofreció a la gente de la iglesia.

Finalmente dijo que, independiente de eso, lo mejor sería que se los dejaran y se buscara otro predio para dárselo al particular.

Patricia Grado Falcón, también del Verde Ecologista, dijo que las señoras que han “levantado” la iglesia se sentían seguras de que el predio era de ellas, puesto que los documentos que tenían estaban firmados por dos alcaldes.

Señaló que el problema se detonó por una falta de comunicación, ya que se les debió explicar la situación legal de la propiedad; sin embargo, pidió a Andrés Osuna que se buscara la forma de apoyarlas.

“Todo tiene un remedio, estamos aquí una gran cantidad de regidores, el señor cura, las señoras, por eso te pediría que dejaran ese terreno como está originalmente. Ricardo creo que cometió el error y (te lo digo con conocimiento de causa) de haber vendido a un amigo, sin haber comunicado a la comunidad y no creo que el señor gobernador quiera un problema, arreglemos el tema, rescatemos algo que se hizo bien o mal, pero que al final es para una buena causa”.

En tanto que el funcionario estatal contestó; “No estamos a favor ni del contratista ni en contra de nadie. Venimos a ver como arreglamos a favor de la iglesia” y les volvió a explicar el procedimiento se podía hacer para que finalmente la iglesia regularizara su situación, incluso sugirió que se nombrara una comisión integrada por representantes de la iglesia, las autoridades municipales y que se creara un grupo de WhatsApp para que el abogado iniciara con las diligencias.