La tardanza en la disminución de la jornada semanal, años después de su aprobación, es motivo de polémica e inconformidad entre los trabajadores. Imagen EFE Joebeth Terríquez.
Actualmente México vive una “primavera laboral”, o por lo menos eso pregona la presidenta Claudia Sheinbaum. Y es que según la avanzada “cuartotransformadora”, desde su llegada se ha buscado revertir las prácticas neoliberales del pasado, o así lo aseguró Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social, el pasado primero de mayo en el marco del Día del Trabajo, 137 años después de que se estableciera a nivel internacional esta fecha conmemorativa en memoria de los mártires de Chicago, un grupo de sindicalistas anarquistas condenados a prisión y a muerte tras la revuelta de Haymarket en 1886, que fue parte de una serie de huelgas en fábricas de esta ciudad estadounidense para exigir a los empresarios una jornada laboral de ocho horas diarias.
El Día del Trabajo llegó tardíamente a muchas partes del mundo, incluyendo nuestro país. Fue hasta la Revolución Mexicana que la Casa del Obrero Mundial unificó a varias organizaciones obreras y sus afiliados decidieron conmemorar públicamente este día a partir de 1913. Sin embargo, a más de un siglo de las primeras regulaciones laborales en México, pareciera que estas no han avanzado al mismo ritmo en que se extienden las jornadas, se abarata la mano de obra y aumentan las exigencias productivas.
BREVE REPASO DEL RECONOCIMIENTO LABORAL
México ha pasado por tres grandes etapas en materia de reformas laborales: el reconocimiento de derechos (1917-1970), la flexibilización y apertura (2012), y la democratización sindical y justicia laboral (2017 al presente).
Pero antes hace falta recordar dos movimientos esenciales en la historia obrera: los de Cananea y Río Blanco.
El primero de junio de 1906, un grupo de mineros entró en huelga en la Cananea Consolidated Copper Company, propiedad del coronel retirado estadounidense William C. Greene, ubicada en la zona serrana de Sonora. Los trabajadores denunciaban a la empresa, la cual ostentaba el apoyo del entonces gobierno de Porfirio Díaz, por malos tratos, malos salarios, discriminación y por su sistema de raya.
El dueño de la mina, a quien apodaban el “Barón de Cobre”, decidió usar la fuerza para terminar con dicho movimiento apoyándose de un grupo de paramilitares estadounidenses de Arizona, los denominados rangers, quienes tras cruzar la frontera se posicionaron en las instalaciones de la compañía.
Tras unos cuantos días de resistencia, los mineros tuvieron que ceder ante la intervención de las autoridades sonorenses, las cuales no dudaron en defender los intereses de la empresa extranjera antes que la dignidad de los mexicanos de Cananea. Informes del Archivo Histórico del Estado de Sonora muestran el terrible saldo que tuvo esta represión obrera, con un total de 23 muertos y 22 heridos, así como decenas de detenidos, los cuales fueron procesados por delitos como sedición, escándalo, asonada y robo.
“Un gobierno que se compone de ambiciosos que especulan criminalmente fustigando al pueblo, electos por el peor de ellos, para que le ayuden a enriquecerse. Eso no necesita México”, se lee en una proclama firmada por el pueblo de Cananea.
Medio año después, el 7 de enero de 1907, inició otro movimiento en Río Blanco, Veracruz, donde aproximadamente dos mil empleados de una fábrica textil se amotinaron para exigir la mejora de sus condiciones laborales, la regulación para evitar el trabajo infantil, el pago de un salario digno y la reducción de la jornada laboral, además de protestar contra la sentencia del presidente Porfirio Díaz que ordenaba el regreso inmediato al trabajo.
La huelga de Río Blanco es considerada como uno de los antecedentes de la Revolución Mexicana, toda vez que la rebelión obrera se extendió y germinó en otros lugares del país, como Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México.
La primera gran etapa de derechos laborales en el país comenzó con la promulgación de la Constitución Federal de 1917, considerada una de las más avanzadas de su tiempo en materia social. Después de los conflictos armados y agrarios de la Revolución Mexicana, el nuevo texto constitucional incorporó el histórico artículo 123, que reconoció el derecho a un trabajo digno y socialmente útil.
México se convirtió en una de las primeras naciones del mundo en establecer derechos fundamentales como la jornada máxima de ocho horas, el salario mínimo, el derecho a la huelga y la protección especial para mujeres y menores de edad. Estas disposiciones marcaron un precedente internacional y sentaron las bases de un nuevo modelo de relaciones laborales.
Con el objetivo de reglamentar los principios constitucionales, en 1931 se promulgó la primera Ley Federal del Trabajo durante la administración del presidente Pascual Ortiz Rubio. Esta legislación buscó dar estabilidad a un país que todavía enfrentaba conflictos laborales en sectores estratégicos como la minería, el ferrocarril y la industria textil. La ley estableció mecanismos de conciliación entre empleados y patrones, formalizó derechos y obligaciones, y fortaleció el papel del Estado como árbitro en las disputas laborales.
Décadas después, el 1 de abril de 1970, se promulgó una nueva Ley Federal del Trabajo que introdujo prestaciones que hoy son consideradas esenciales, como el aguinaldo y la prima de antigüedad. También incorporó el principio jurídico in dubio pro operario, que establece que, en caso de duda, la interpretación de la ley debe favorecer al trabajador. Además, se reguló formalmente a los trabajadores de confianza, se fortalecieron los derechos colectivos, se definieron mejores condiciones de contratación y se consolidó la organización sindical dentro del marco legal mexicano.
La segunda gran etapa llegó con la Reforma Laboral de 2012, impulsada durante el gobierno de Felipe Calderón y aprobada al inicio de la administración de Enrique Peña Nieto. Esta buscó modernizar el mercado laboral y hacerlo “más flexible” frente a los cambios económicos globales.
Entre sus principales modificaciones destacó la incorporación de nuevas formas de contratación, como la subcontratación u outsourcing, así como los periodos de prueba y contratos temporales. También se intentó regular parte del trabajo informal y adaptar la legislación a nuevas dinámicas laborales que posteriormente crecerían con las plataformas digitales de transporte y reparto.
Sin embargo, esta reforma fue altamente polémica debido a que muchos sectores consideraron que favorecía la precarización laboral y debilitaba la estabilidad en el empleo. A pesar de ello, también abrió el debate sobre la necesidad de transformar el sistema sindical y la justicia laboral mexicana.
En 2017 se realizó otra reforma enfocada en el sistema de justicia laboral. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se modificó la estructura encargada de resolver conflictos entre trabajadores y empleadores. Las históricas Juntas de Conciliación y Arbitraje comenzaron a desaparecer para dar paso a tribunales integrados al Poder Judicial. Además, se estableció la conciliación previa obligatoria como mecanismo para intentar resolver disputas antes de llegar a juicio. Estas medidas pretendían dar mayor transparencia, imparcialidad y rapidez a los procesos laborales.
La tercera gran etapa se consolidó en 2019 bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con una reforma profundamente vinculada a los compromisos laborales establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Esta modificación transformó el modelo sindical mexicano al establecer el voto libre, secreto y directo para elegir dirigencias sindicales y aprobar contratos colectivos. También creó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, organismo encargado de supervisar sindicatos y contratos colectivos.
El objetivo principal de esta legislación era combatir las prácticas de simulación sindical que durante décadas permitieron contratos colectivos sin conocimiento real de los trabajadores. Con ello se buscó fortalecer la representación auténtica y mejorar las condiciones laborales mediante negociaciones más transparentes.
En años recientes, entre 2021 y 2023, continuaron las modificaciones al sistema laboral mexicano. Una de las más relevantes fue la regulación del outsourcing en 2021, que prohibió de manera general la subcontratación abusiva y obligó a las empresas a contratar directamente a la mayoría de sus empleados. También se registraron aumentos históricos al salario mínimo, con el propósito de recuperar el poder adquisitivo perdido durante décadas.
Finalmente, en 2023 se aprobó la reforma conocida como Vacaciones Dignas, que duplicó el número mínimo de días de descanso para los trabajadores mexicanos, pasando de seis a doce días durante el primer año laboral.
Entonces, ¿qué ha cambiado? Por ejemplo, un peón de hacienda o un minero durante el Porfiriato podía trabajar más de 12 horas diarias, sin vacaciones, seguro médico ni salario justo. Muchas veces recibía pagos en vales para gastar únicamente en la tienda del patrón, lo que lo mantenía endeudado. Si protestaba o intentaba organizarse, podía ser reprimido o despedido. Sus hijos también trabajaban desde pequeños y prácticamente no existían derechos laborales. En contraste, un trabajador mexicano de la segunda década de los dos mil, como un empleado de una maquiladora o un repartidor de aplicación, ya cuenta, presuntamente, con derechos legales: aguinaldo, vacaciones, acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social y la posibilidad de acudir a tribunales laborales.
Sin embargo, así como han mejorado ciertas condiciones, también existen nuevos desafíos como contratos temporales, la prevalencia del outsourcing, bajos salarios frente al costo de vida y la incertidumbre del trabajo en plataformas digitales.
Aunque la situación es muy distinta a la de principios del siglo XX, la lucha por los derechos laborales sigue presente en México. Si se toman en cuenta las recientes legislaciones en este campo, se siente cómo el progreso de principios del siglo pasado se estancó o quedó a medias. Frases como “el trabajo dignifica” se quedan muy cortas ante la necesidad de establecer normas tan simples como la Ley Silla, que obliga a los empleadores a proporcionar asientos con respaldo a los trabajadores que realizan actividades de pie —como cajeros, guardias, etcétera— y garantizar descansos periódicos para prevenir problemas de salud, o la Ley Vaso de Agua, que plantea algo tan simple como la obligación de brindar acceso a agua potable a los trabajadores durante la jornada laboral.
Tampoco hay que olvidar la constante lucha de las mujeres en temas de menstruación, maternidad o paridad, así como la de las personas con discapacidad o de la tercera edad, esto sin dejar atrás la desprotección que hay en las infancias.
Si bien nuestra estructura social no nos exenta de trabajar y de cooperar para que la economía fluya, hay algo que se sigue debatiendo, incluso a nivel cultural: el descanso.
Durante décadas, en México se ha exaltado la idea de que el esfuerzo y la “garra” son suficientes para alcanzar el éxito. Frases como “échale ganas” o “el que quiere, puede” han reforzado una visión donde la superación parece depender únicamente de la voluntad individual. Sin embargo, esta narrativa también ha servido para normalizar condiciones laborales precarias y responsabilizar al trabajador de problemas que en realidad son estructurales.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI reveló que, a principios de 2026, más del 54 por ciento de la población económicamente activa trabaja en la informalidad, lo que representa más de 33 millones de personas. En un contexto donde muchas familias necesitan dos o más empleos para cubrir gastos básicos, la idea del “éxito” deja de ser una meta inspiradora y se convierte en una presión constante y sin descanso.
El sociólogo Zygmunt Bauman advertía que, en la “modernidad líquida”, el éxito es una exigencia inalcanzable que cambia continuamente según las reglas del mercado. Así, el trabajador vive en una competencia permanente, intentando adaptarse a un entorno inestable y fragmentado. El problema no es individual, sino estructural.
El mercado laboral nacional ha normalizado prácticas como el outsourcing, los contratos temporales y los esquemas sin seguridad social, debilitando los derechos laborales. A esto se suma la poca aplicación de las leyes y la fragilidad de los mecanismos de defensa para los trabajadores. En consecuencia, se ha impuesto una lógica donde el rendimiento humano es sobrevalorado, como si las personas fueran máquinas capaces de producir sin límites.
EL TIEMPO QUE NO VUELVE, ¿RESILIENCIA O RESIGNACIÓN?
Desde el siglo XIX, el empresario y teórico socialista galés Robert Owen defendía la idea de que la calidad del trabajo estaba directamente relacionada con la calidad de vida de los obreros. En 1817 propuso una fórmula que se volvió histórica: “ocho horas de trabajo, ocho horas de recreo y ocho horas de descanso”. Su planteamiento buscaba equilibrar las necesidades humanas frente a las exigencias de la producción industrial.
Sin embargo, más de dos siglos después, la cuestión sigue vigente: en una sociedad obsesionada con el éxito económico, ¿realmente se respeta ese equilibrio?
México se encuentra entre las naciones con más horas trabajadas al año dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), estando por debajo de naciones como Perú o Colombia, pero por encima de Chile, Costa Rica o Corea (2023). Se estima que el promedio anual en nuestro país ronda las dos mil 308 horas laborales, equivalentes a casi el 80 por ciento de los días del año ocupados física y mentalmente por el trabajo.
Estas cifras ni siquiera contemplan los largos traslados cotidianos que millones de personas enfrentan, especialmente en las grandes ciudades. Según el estudio “América Latina y el Caribe en la mitad del camino hacia 2030: avances y propuestas de aceleración” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), al menos en la Zona Metropolitana del Valle de México el tiempo promedio de viaje de ida al trabajo en transporte público es de 71 minutos, mientras que en auto es de 52. El problema radica, entonces, en que se trabaja más bajo condiciones desfavorables.
El filósofo surcoreano Byung-Chul Han rescata en su obra La sociedad del cansancio (2010) que en la sociedad del rendimiento el individuo termina explotándose a sí mismo bajo la ilusión de autorrealización. Esta dinámica también alimenta un perfeccionismo debilitador: la exigencia constante de éxito y excelencia genera frustración, ansiedad y agotamiento.
México figura entre los países latinoamericanos con mayores niveles de estrés laboral y desgaste emocional. A ello se suma una sociedad de consumo que convierte al trabajo en un mero medio para adquirir bienes y sostener apariencias, vaciándolo de propósito y sentido humano.
Finalmente, todo esto se sostiene en una cultura de competencia donde, desde la infancia, se enseña que “el que no gana, pierde”, como si el mercado laboral fuera un juego de suma cero, es decir, donde el éxito de uno depende del fracaso de los demás y no hay cabida para la cooperación.
Como advierte Richard Sennett, esta lógica erosiona los vínculos sociales y produce individuos aislados, convencidos de que sus fracasos son exclusivamente responsabilidad propia. Así, la resiliencia termina confundida con una resignación frente a un sistema que consume tiempo, salud y vida.
LA FARSE MERITOCRÁTICA DEL “ECHALEGANISMO”
En 2010, el discurso de que “quien se esfuerza lo logra” pareció encontrar un referente perfecto en Carlos Slim Helú, quien ese año fue reconocido por Forbes como el hombre más rico del mundo, superando temporalmente a Bill Gates y Warren Buffett. Su ascenso fue interpretado como un motivo de orgullo nacional: un mexicano liderando la lista de multimillonarios globales gracias a imperios como América Movil y Grupo Carso. Durante cuatro años consecutivos se mantuvo en la cima y, aunque después descendió algunas posiciones, continúa dentro de los primeros lugares del ranking mundial. No obstante, la historia de Slim dista mucho de ser la del ciudadano promedio.
Nació en una familia con capital económico y cultural consolidado, y desde niño tuvo contacto con herramientas financieras: a los 12 años ya manejaba una chequera y compraba acciones del entonces Banco Nacional de México. Esto no minimiza su capacidad empresarial, pero sí cuestiona la idea de que el éxito financiero es únicamente resultado del esfuerzo individual. La narrativa meritocrática suele ignorar las ventajas de origen, las redes de poder y las oportunidades diferenciadas.
Además, la figura de Slim ha adquirido un peso simbólico en México. Sus opiniones sobre temas laborales y económicos son escuchadas casi como si provinieran de alguien que descubrió el camino universal hacia la prosperidad. Cabe recordar que hace tiempo el magnate propuso que el modelo laboral debería ser de una jornada de 12 horas diarias por tres días la semana, siempre y cuando la jubilación fuera a los 75 años de edad —en un país donde la esperanza de vida ronda los 75.9 años, según el INEGI (2026)—.
La cercanía histórica de Slim con distintos gobiernos también refleja una relación constante entre el Estado y el gran capital. “Su opinión pesa”, reconoció recientemente la presidenta Sheinbaum ante un comentario del empresario contra la reciente calificación crediticia emitida por la agencia Moody’s sobre México.
Sin embargo, mientras el trabajo suele ser colectivo, los beneficios terminan concentrándose en un individuo. El analista Sam Wilkin sostiene en su obra Los secretos de la riqueza del uno por ciento que muchos magnates, como Rockefeller o Gates, construyeron sus fortunas modificando las reglas de su entorno, aprovechando vacíos regulatorios y fomentando estructuras cercanas al monopolio, algo que suena familiar a la historia de Teléfonos de México (Telmex), propiedad de Slim.
Esto contrasta con la realidad cotidiana de millones de mexicanos, sometidos a una fuerte carga fiscal que incluye impuestos al consumo, ingresos, propiedad y producción. En ese contexto también aparece la figura de Ricardo Salinas Pliego, considerado por Forbes como una de las personas más ricas de México. Durante años, enfrentó disputas fiscales relacionadas con el pago de impuestos; sin embargo, algunas de sus empresas recurrieron recientemente a mecanismos legales y financieros para “reorganizar sus obligaciones”. Estos casos alimentan la percepción de que existen reglas distintas para quienes poseen grandes fortunas en comparación con el resto de la población.
REDUCCIÓN DE LA JORNADA
La reforma para reducir la jornada de trabajo en México marcó uno de los debates más relevantes en materia de derechos laborales en los últimos tiempos. Este año, después de mucho, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Trabajo de la Cámara de Diputados aprobaron por unanimidad la reducción gradual de la semana laboral de 48 a 40 horas rumbo al año 2030. Posteriormente, el pleno avaló la minuta enviada por el Senado con el respaldo de todas las bancadas, consolidando así una de las modificaciones más importantes a la Ley Federal del Trabajo en décadas.
La reforma fue publicada el pasado 3 de marzo en el Diario Oficial de la Federación y establece que la reducción iniciará el 1 de enero de 2027 para completarse gradualmente en 2030. El nuevo esquema fija una jornada máxima de 40 horas semanales y mantiene el derecho a un día de descanso por cada seis trabajados. Sin embargo, este último punto generó críticas debido a que muchos sectores esperaban un modelo más cercano a cinco días laborales y dos de descanso, pues un solo día de reposo se siente insuficiente frente al desgaste cotidiano que enfrentan millones de trabajadores.
Otro de los puntos centrales de la reforma es la regulación de las horas extras. El texto establece que el tiempo extraordinario deberá pagarse con un 100 por ciento adicional sobre el salario ordinario y que no podrá exceder de 12 horas semanales, distribuidas en hasta cuatro horas diarias. Aun así, la disposición deja abierta la posibilidad de jornadas que, en la práctica, podrían alcanzar hasta 52 horas semanales si el empleador decide cubrir ese tiempo adicional.
Aunque el trabajo extraordinario se restringe para menores de edad, persiste la percepción de que el sistema todavía privilegia la prolongación laboral antes que el descanso efectivo.
La reforma también especifica que la disminución de horas no podrá traducirse en menores salarios o prestaciones. Sin embargo, para muchos trabajadores esto no representa un logro extraordinario, sino apenas el cumplimiento mínimo de derechos ya existentes.
En México persiste un problema histórico: la distancia entre la ley y su aplicación real.
La implementación gradual de la reforma también ha generado críticas por la lentitud con la que entrará en vigor. El calendario aprobado establece que la transición iniciará en 2027 y concluirá hasta 2030, reduciendo apenas dos horas por año: 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y finalmente 40 horas en 2030. Pareciera una deuda pagada a cuentagotas.
Cada reducción anual podrá ser presentada políticamente como un logro progresivo, permitiendo que la presidenta Claudia Sheinbaum exhiba desde sus informes de gobierno avances graduales en materia laboral. Sin embargo, para millones de trabajadores la pregunta sigue siendo la misma: ¿realmente se podrá disfrutar ese progreso o quedará solo como una promesa administrada lentamente?
La percepción de desigualdad aumenta cuando se compara el ritmo de esta reforma con la rapidez con la que suelen aprobarse otros beneficios dentro de la esfera política. Mientras las mejoras laborales para la ciudadanía esperan años para concretarse y dependen además del cumplimiento del sector empresarial, los aumentos salariales, vacaciones o licencias para funcionarios y burócratas suelen avanzar en fast track en espacios como el Palacio Legislativo de San Lázaro o en congresos locales.
A esto se suma otro problema persistente: en México muchas leyes laborales existen en el papel, pero no siempre se respetan en la práctica. Muchas empresas continúan anunciando “prestaciones de ley” como si fueran beneficios opcionales, mientras en la práctica incumplen con vacaciones, aguinaldos, utilidades, primas dominicales o pagos correctos de días festivos. Entonces, ¿qué nos queda?
LA SOCIEDAD DEL CANSANCIO
Cada vez es más común escuchar que jóvenes de la generación Z y algunos millenials rechazan ascensos o puestos de liderazgo; no por falta de ambición, sino porque consideran que el desgaste mental no compensa la recompensa económica. Prefieren conservar empleos con horarios estables y condiciones compatibles con su vida personal antes que convertirse en jefes agotados, permanentemente conectados y sobrecargados de responsabilidades.
Este fenómeno ha sido denominado con el neologismo conscious unbossing o “desjefización consciente”, una postura que cuestiona el modelo tradicional de liderazgo. Más que negarse a crecer profesionalmente, muchos jóvenes no compaginan con la idea de sacrificar su salud, tiempo y vida privada por cargos que consideran poco atractivos.
El liderazgo intermedio es visto como una “trampa silenciosa”: más presión, más responsabilidades y poca autoridad o reconocimiento real. Lejos de tratarse únicamente de una generación “floja”, el debate revela un cambio cultural más profundo. Los trabajadores más jóvenes no parecen renunciar al liderazgo, sino exigir que este tenga sentido, equilibrio y mejores condiciones. Quieren impacto y autonomía, no sólo jerarquías rígidas. El llamado “minimalismo profesional” plantea cumplir con las responsabilidades sin convertir el trabajo en el centro absoluto de la existencia.
Este fenómeno adquiere otra dimensión cuando se observa el contexto mexicano. Según el Informe de Movilidad Social 2025 del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el 81 por ciento de las personas que nacen en hogares pobres permanecen en esa condición. Las oportunidades para salir de la pobreza siguen dependiendo fuertemente del lugar de nacimiento: mientras el norte del país presenta niveles de movilidad similares a países desarrollados, en el sur las posibilidades son mucho menores.
Aunque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó un aumento del ingreso promedio, aún más del 30 por ciento de la población no gana lo suficiente para cubrir la canasta básica. Esto significa que, incluso trabajando, millones de personas siguen atrapadas en una economía que apenas permite sobrevivir.
Dicho lo anterior, la llamada “primavera laboral” de la 4T es insuficiente, por mucho que haya sido alentada y apoyada por el recién electo secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el coahuilense Tereso Medina, quien viene de una región que todavía respira por la herida de los desastres en las minas de Pasta de Conchos y el Pinabete, sin olvidar la intermitente deuda laboral en el caso de Altos Hornos de México. ¿A cuánto se pagará la deuda? El trabajo no acaba, pero la vida sí. “A descansar a la tumba”, dirían los más viejos.
