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El diputado Jesús Alfredo Paredes López dio su respaldo al proyecto de extracción de gas shale en Coahuila, al considerar que podría generar una importante derrama económica y recuperar miles de empleos perdidos en la región Centro del estado.
En ese sentido, el legislador panista comentó que de concretarse, este proyecto podría compensar los más de 20 mil empleos directos e indirectos que se perdieron tras el cierre de Altos Hornos de México, por lo que consideró positiva su implementación.
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Secretario de Gobierno, Óscar Pimentel, detalla estrategias electorales, crisis regionales y proyectos clave para el desarrollo estatal“Si este proyecto va a generar los empleos que se perdieron, bienvenido. Hoy vemos cómo algunas personas quieren desviar el tema hacia lo ambiental, pero las empresas que participen lo harán bajo normativas y son especialistas en este tipo de trabajos”, afirmó.
Explicó que la técnica de extracción consiste en inyectar agua, arena y aditivos a presión para fracturar la roca que contiene el gas, lo que permite su liberación. Añadió que en la actualidad existen pozos de hasta mil metros de profundidad, y al incrementarse esta profundidad, se podría aumentar la producción.
Asimismo, destacó que gran parte de la infraestructura en las cuencas ya existe, lo que facilitaría el desarrollo del proyecto y permitiría reactivar sectores económicos como el transporte, talleres y servicios relacionados.
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Piden a los nuevos dueños de AHMSA a asumir 'obligación moral' con los trabajadores y proveedores de la región.En cuanto a la preocupación por el uso de agua, reconoció que existe una crisis hídrica en algunas zonas del estado; sin embargo, aseguró que alrededor del 65 por ciento del agua utilizada en este tipo de procesos es reciclada.
“No podemos cerrarnos a una alternativa que puede ayudar a la región. Hay crisis y la gente la está viendo difícil. Este proyecto puede ser una opción para reactivar la economía”, puntualizó.
También, subrayó la necesidad de mantener vigilancia y coordinación entre autoridades, empresas y organizaciones ambientalistas, a fin de garantizar que las operaciones se realicen conforme a la normativa vigente.
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Fue utilizado como ejemplo el Fobaproa de 1995, argumentando que ahora se rescate a los trabajadores y no a los bancos.