La respuesta que da el gobierno de México a la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) a la petición que hizo un organismo civil lagunero (Prodefensa del Nazas) de tratar en su agenda los derechos de los ríos y la problemática de un río que fluye en el territorio nacional, lo menos que puede calificarse es de desafortunada, denota que fue redactada en el escritorio de algún burócrata y, esperamos, no represente la postura de Alicia Bárcenas, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La CCA fue creada en 1994 en el marco del Tratado de Libre Comercio (hoy T-MEC), que suscribieron los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México, cuyos resultados se expresan principalmente en la integración económica donde nuestro país se ha convertido en el principal socio comercial de la mayor economía mundial. A la par se establecieron mecanismos de cooperación en otras áreas como la ambiental, de los cuales surge la CCA, con logros relevantes, particularmente en las zonas transfronterizas.
Se ha definido a la CCA como un medio para facilitar "la cooperación efectiva y la participación ciudadana en los esfuerzos de conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente de América del Norte". Es, por consecuencia, una instancia de cooperación, no de confrontación, ya que en el consejo que le rige participa el gobierno mexicano a través de la Secretaria Bárcenas.
La petición que realizo ProdeNazas de que esta instancia revisara el caso de los derechos de los ríos en México, no es nada descabellada, ya que plantea ,desde el espacio ciudadano (como se indica en las razones por las cuales fue creada), se contemple en la agenda de la CCA abordar este tema considerando la situación desastrosa que enfrentan muchos de los ríos que fluyen en el territorio mexicano: contaminación, desecación, destrucción de ecosistemas ribereños, afectaciones sociales a las poblaciones ribereñas, etc., producto de la desatención que ha tenido el gobierno mexicano durante décadas.
Cuando nos referimos al gobierno mexicano es en general, no solo al actual gobierno (que por cierto es de los que están poniendo más atención a dicho tema que sus predecesores), en particular a partir de la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales de 1992, la ley salinista neoliberal que mercantilizo el agua en México y propició el desorden que actualmente existe en la gestión de este recurso natural. Quien redactó esa respuesta o, quien la avaló, lo hizo fuera del contexto que vivimos y, por tanto, denota y exhibe una postura irresponsable del gobierno que representa.
Contradice el discurso oficial que porta la Secretaria de Medio Ambiente, quien es quizás la titular de esta dependencia del gobierno federal que presenta un perfil más acorde con la naturaleza y funciones por las cuales fue creada, con respecto a la mayor gran parte de quienes le precedieron en su cargo. Por eso es poco verosímil que ella la haya avalado.
Descalificar a la CCA es descalificar a los ciudadanos mexicanos que recurren a una instancia internacional de cooperación en materia ambiental, ya que en su Consejo Directivo no solo participa la Secretaria Bárcenas, sino que también la CCA fue creada para escuchar a organismos ciudadanos. En vez de responder como cualquier burócrata desfasado de los ciudadanos que representa, al interior de la SEMARNAT se debió poner atención a los ciudadanos mexicanos que hacen tal petición, puesto que se supone que este gobierno tiene una mayor cercanía con ellos o dice ser más representativa de ellos que los anteriores.
Ante tal resbalón gubernamental, esperamos se apliquen las correctivas necesarias a la desafortunada respuesta que se dio y, en forma congruente con narrativa política gubernamental, se abran los espacios de diálogo en las instancias institucionales internas del país y en la propia CCA, ya que lo que se está planteando es un tema que debe preocupar a los ciudadanos como al gobierno que los representa. Finalmente, lo que se esta proponiendo es que se incorpore a la agenda ambiental la dotación de derechos a los ríos mexicanos como una forma de protegerlos de la presión humana que los está destruyendo.
En el fondo de la petición de ProdeNazas subyace una aspiración legítima de los laguneros: recuperar nuestros ríos, aquellos que intervenimos interrumpiendo, desviando, contaminando o despareciendo sus caudales naturales, como ocurre con el río Nazas. Desacreditar la petición por quienes redactaron o avalaron la respuesta es no solo negar dotar de derechos a los ríos, también a las aspiraciones de ciudadanos mexicanos que quieren protegerlos, recuperarlos y conservarlos. ¿Dónde esta la dificultad de comprender la legislación mexicana?, cuando sabemos que esta presenta vacíos y omisiones que, lamentablemente, no se incorporaron en la reciente reforma de la legislación de aguas.