Revisan quejas contra juez por presuntas irregularidades en restitución de inmuebles
Más de una decena de quejas administrativas habrían sido promovidas ante el Consejo de la Judicatura en contra del juez Óscar Cadena, por presuntas irregularidades en procedimientos judiciales relacionados con la restitución de inmuebles, informó Miguel Ángel Reyna Adam, vocero del Foro de Abogados de Monclova.
El representante de los litigantes indicó que los asuntos corresponden a propiedades cuyos ocupantes, de acuerdo con los casos que le han sido expuestos, no habrían tenido una oportunidad suficiente para comparecer y explicar la situación jurídica de los terrenos o construcciones antes de que se ordenara su restitución.
Reyna Adam señaló que entre los inmuebles involucrados habría propiedades vinculadas con empresarios y políticos de la Región Centro. Sin embargo, durante sus declaraciones no proporcionó nombres de los propietarios, ubicaciones de los predios ni los números de expediente de las quejas presentadas ante el órgano encargado de revisar la actuación judicial.
Juez Óscar Cadena, bajo revisión por restitución de propiedades
El abogado explicó que los procedimientos cuestionados tienen como punto de partida denuncias por el delito de despojo, presentadas por personas que buscan acreditar la propiedad de determinados inmuebles mediante escrituras u otros documentos.
De acuerdo con la explicación del representante legal, algunos denunciantes argumentan que dejaron desocupadas sus propiedades durante determinado periodo y posteriormente descubrieron que otras personas habían ingresado y permanecían en los terrenos o construcciones.
A partir de esas denuncias, agregó, la Fiscalía General del Estado integra las carpetas de investigación correspondientes y realiza diversas diligencias, entre ellas inspecciones, peritajes, recopilación de fotografías y otras actuaciones que posteriormente son presentadas ante la autoridad judicial.
El principal cuestionamiento, según Reyna Adam, consiste en que los ocupantes de los inmuebles no siempre habrían tenido la posibilidad de comparecer ante el juez antes de que se resolviera una solicitud de restitución presentada dentro de la investigación.
El vocero del Foro de Abogados sostuvo que existen expedientes en los cuales las personas señaladas como responsables del despojo aseguran contar con documentos o antecedentes que demostrarían una relación previa con los predios.
En contraste, explicó, los denunciantes pueden presentar escrituras que tienen varios años de antigüedad y sostener que el ingreso de los ocupantes ocurrió recientemente. Esa diferencia temporal, afirmó, debe ser analizada dentro de cada expediente antes de adoptar una determinación sobre la posesión del inmueble.
Quejas administrativas plantean revisar decisiones judiciales
Reyna Adam sostuvo que una de las principales inconformidades está relacionada con la rapidez con que, según los casos que conoce, se tramitan las solicitudes de restitución una vez que la carpeta de investigación llega ante el juez.
El representante de los abogados consideró que las personas que ocupan los inmuebles deben contar con mecanismos para explicar su presencia, presentar documentación y ejercer su derecho de defensa antes de que se produzca una medida que modifique la posesión de una propiedad.
Añadió que algunos de los afectados aseguran haber ocupado los terrenos durante varios años antes de que se presentara una denuncia penal por despojo. Por ello, señaló que la antigüedad de la posesión y los documentos existentes deberían formar parte del análisis de cada caso.
El litigante también afirmó que algunas restituciones habrían quedado sujetas al pago de garantías económicas. Mencionó cantidades cercanas a los 50 mil pesos, aunque no especificó cuántos expedientes contemplaron ese mecanismo ni presentó durante la entrevista documentación individual de los casos referidos.
El objetivo de las quejas administrativas, explicó, es que la autoridad competente revise los expedientes y determine si las actuaciones realizadas durante los procedimientos se ajustaron a las disposiciones legales.
Reyna Adam indicó que el análisis deberá establecer, entre otros aspectos, si se respetaron los derechos de audiencia y defensa de las personas que ocupaban los inmuebles antes de que se emitieran resoluciones de restitución.
Los señalamientos también se presentan después de que el desempeño del juez Óscar Cadena ha sido cuestionado públicamente en otros asuntos. En enero de 2026, un medio local difundió el caso de una madre que acusó al juzgador de no haber atendido una suspensión provisional dentro de un conflicto judicial.
Ese señalamiento correspondió a una acusación formulada por una particular y no a una resolución administrativa que hubiera determinado responsabilidad del juez. Por ello, el antecedente no acredita por sí mismo una conducta irregular del juzgador.
Otro caso fue difundido en 2023, cuando familiares de una víctima de homicidio acudieron ante el Visitador del Consejo de la Judicatura para expresar su inconformidad por una resolución relacionada con la liberación de un acusado.
Al igual que el caso anterior, aquel reclamo fue planteado por particulares y no representó una determinación oficial que estableciera responsabilidad administrativa contra el juez.
El Foro de Abogados de Monclova plantea que los nuevos expedientes sean revisados por las instancias correspondientes para determinar si las resoluciones relacionadas con restituciones de inmuebles cumplieron los requisitos legales.
Hasta ahora, los señalamientos difundidos por Reyna Adam corresponden a quejas y acusaciones cuya procedencia deberá ser determinada por las autoridades competentes. La presentación de una denuncia administrativa o la existencia de una investigación no significa que el juez haya sido declarado responsable de alguna irregularidad.
Cualquier eventual sanción dependerá de las investigaciones, las pruebas incorporadas a los expedientes y las resoluciones que emita el órgano facultado para revisar la actuación del juzgador.
