Revolucionarias de La Laguna: feminismo radical en resistencia

En Gómez Palacio, surgió un colectivo anónimo que acompaña a mujeres víctimas de violencia de género, presiona a las instituciones y ocupa el espacio público para exigir justicia en una región marcada por la impunidad.

El 30 de enero se realizó el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el fraccionamiento Miravalle en Gómez Palacio. Estaba adentro de un tambo y fue descubierto por una mujer que se dedica a recolectar plástico.

Días después se confirmó que, en vida, la víctima respondía al nombre de Karen Vianey Salazar Carrillo y que tenía 30 años de edad. Al encontrarla expuesta y con aparentes heridas producidas por un arma blanca, se abrió una carpeta de investigación por feminicidio, delito tipificado en Durango desde el año 2011.

No es normal que, en un municipio con Alerta de Violencia de Género desde hace más de siete años, los cuerpos de mujeres sigan apareciendo ocultos en tambos. Tampoco lo es que la violencia de género persista como una constante, con reportes diarios de la Unidad Violeta que alcanzan hasta 40 atenciones, principalmente por violencia familiar, física y psicológica.

Menos aún que las mujeres de entre 19 y 40 años -el grupo con mayor riesgo- continúen siendo violentadas, pese a la existencia de instituciones como el Centro de Justicia para la Mujer, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razones de Género, el Instituto Municipal de la Mujer de Gómez Palacio y la Procuraduría de la Defensa de la Mujer, instancias creadas, en el papel, para garantizar su protección y acceso a la justicia.

Como todo lo anterior no es normal, pero sucede, desde junio del año pasado, un grupo feminista nació en Gómez Palacio como un acto contestatario para señalar lo que no funciona, y para exigir justicia por todas las mujeres laguneras que sufren cualquier tipo de violencia de género.

No portan nombres propios ni liderazgos visibles. No buscan el aplauso ni la simpatía general. Aun así, su presencia incomoda. Se hacen llamar Revolucionarias de La Laguna, un grupo anónimo que, por su forma de presionar a las instituciones y ocupar el espacio público, ha sido señalado como radical. Ellas no rehuyen al término, pero prefieren otro, más bien, dicen, se reconocen como un colectivo necesario.

"Antes de ser revolucionarias éramos mujeres atravesadas por la violencia, el miedo y la injusticia", mencionan Molly y Emirak, nombres simbólicos que no remiten a una sola persona, sino que representan una voz colectiva.

Algunas son sobrevivientes de violencia, otras acompañantes de procesos dolorosos y prolongados. Todas comparten una experiencia común: el hartazgo frente a una realidad donde la violencia contra las mujeres se normaliza, se minimiza o, simplemente, se archiva.

Organizarse no fue un acto impulsivo ni una postura ideológica preconcebida. Fue una respuesta a la urgencia. "Entendimos que solas no íbamos a sobrevivir", explican desde el Kiosco de la plaza principal de Gómez Palacio, un espacio público que han hecho su oficina pues desde ahí se organizan y hacen frente a un sistema que les falla de manera constante.

El grupo se conformó formalmente en junio de 2025, aunque su historia comenzó años antes. Desde 2020, varias de sus integrantes ya realizaban acompañamientos como activistas independientes.

Hoy son 39 mujeres las que integran esta colectiva asentada principalmente en Gómez Palacio, pero que recibe y acompaña casos provenientes de Torreón, Lerdo, Matamoros y comunidades periféricas de La Laguna, donde la violencia suele ir de la mano de la precariedad institucional.

EL ANONIMATO COMO POSTURA POLÍTICA

El rostro cubierto es una de las imágenes más recurrentes del colectivo y también una de las más juzgadas. Para las Revolucionarias, el anonimato no es un acto de provocación, sino una herramienta de protección y un posicionamiento político claro. "No somos lideresas, somos un bloque", explican.

No buscan construir figuras públicas ni capitalizar la lucha en nombres individuales. Cubrir el rostro es afirmar que cualquiera puede ser una de ellas.

Las razones son concretas. Las amenazas han sido constantes y graves: advertencias de secuestro, intentos de intimidación, persecuciones. Por recomendación legal, incluso tuvieron que cambiar de nombre en una etapa previa del colectivo.

Dar la cara públicamente, aseguran, implicaría poner en riesgo no solo su integridad, sino también la de sus familias, sus empleos y su vida cotidiana, esto en una región donde el activismo feminista suele ser estigmatizado.

"Si aun con el anonimato nos ubican y nos persiguen, imagínate dando nombres y apellidos", expusieron.

Por ello, sus reuniones y manifestaciones suelen realizarse en espacios públicos altamente visibles. Es así que la Plaza de Armas no es solo un símbolo, sino una estrategia de autoprotección.

"Aquí hay gente, hay cámaras, hay quien graba. La piensan dos veces", dicen. Así, convierten el espacio público en trinchera, refugio y mensaje.

ACOMPAÑAR DONDE EL ESTADO FALLA

Las Revolucionarias acompañan principalmente casos de violencia vicaria, física, psicológica y sexual, siendo la violencia vicaria una de las más recurrentes en la región. Desde su experiencia, señalan que muchas autoridades carecen de perspectiva de género, lo que deriva en una mala tipificación de los delitos y en procesos más largos y desgastantes para las víctimas.

Denuncias por sustracción de hijas e hijos suelen clasificarse inicialmente como violencia familiar y solo después, tras insistencias y presión social, se reconocen como violencia vicaria. Para las mujeres que denuncian, ese retraso significa más tiempo sin ver a sus hijas o hijos, más desgaste emocional y una sensación constante de impunidad.

La relación con las instituciones está marcada por la desconfianza. Las integrantes del colectivo describen procesos judiciales revictimizantes, lentos y atravesados por la corrupción.

"La justicia va para quien puede pagarla", afirman. Frente a ello, su labor se centra en acompañar a las víctimas, ejercer presión social y visibilizar los casos. En una frase lapidaria: hacer ruido donde el silencio institucional pesa más. Ese ruido tiene un costo alto. No reciben financiamiento ni apoyos gubernamentales. Las gasolinas, los pasajes de mujeres que viajan desde otros municipios, las horas invertidas en audiencias, plantones y traslados salen de sus propios bolsillos. Muchas sacrifican trabajo, descanso y tiempo familiar para sostener acompañamientos que pueden prolongarse durante años.

Aun así, coinciden en lo que las mantiene unidas: el hambre de justicia y la empatía profunda con las mujeres que llegan buscando ayuda.

CRIMINALIZADAS POR INCOMODAR

En redes sociales y en el espacio público, los señalamientos son constantes. Las llaman violentas, delincuentes y desmadrosas. Se les acusa de cerrar calles, de incomodar, de alterar la "normalidad". "No ven el trasfondo", dicen. No ven que nadie les paga, que no están coludidas con el gobierno, y que el riesgo que enfrentan es real.

"No entienden que poner el cuerpo aquí implica que nos puedan desaparecer", explican. Para muchas personas ajenas al tema, la molestia por una calle cerrada pesa más que la violencia que viven diariamente las mujeres.

A quienes las reducen a un estigma, les piden algo básico: informarse. Entender por qué marchan, por qué presionan, por qué en algunos casos las manifestaciones escalan.

"La verdadera violencia es la que viven las mujeres todos los días", subrayan. La que rara vez provoca indignación social hasta que termina en casos como el de Karen Vianey.

LOGROS QUE NO SIEMPRE SE NOMBRAN

Aunque reconocen que la justicia sigue siendo parcial y frágil, también señalan avances concretos. Un plantón realizado en junio logró la reapertura del caso de Fabiola, una mujer que llevaba años sin respuestas. En Torreón, tras cuatro años de proceso, el acompañamiento colectivo contribuyó a que se dictara sentencia contra un agresor sexual.

Pero uno de los logros más significativos ha sido el crecimiento del colectivo. De seis mujeres pasaron a casi cuarenta. "Fue el despertar de muchas", dicen. Mujeres que dejaron de sentirse solas, que encontraron en lo colectivo una forma de resistencia, cuidado y fuerza compartida.

MARCHAR PARA NO MORIR

El deseo que las atraviesa es simple y brutal: que ninguna tenga que volver a marchar para pedir que no la maten, para exigir justicia y para ser tratada con dignidad. Este próximo 8 de marzo estarán presentes como parte de un contingente que recorrerá Lerdo, Gómez Palacio y Torreón, no como dueñas de la marcha, sino como mujeres organizadas por un fin común. A quienes nunca han marchado y sienten miedo, les envían un mensaje directo: las calles también son suyas.

"Buscamos crear espacios seguros. Nadie les va a decir que no marchen". Las Revolucionarias de La Laguna no buscan aplausos ni nombres en letras grandes. Desde el anonimato, sostienen una lucha incómoda, persistente y urgente. En una región donde la violencia contra las mujeres sigue siendo cotidiana, decidieron no callar. Aunque eso, para muchos, siga siendo algo radical.