Ricardo Salinas escala su disputa fiscal y denuncia al Estado mexicano ante la CIDH por 'persecución política'
El enfrentamiento entre Ricardo Salinas Pliego y el Gobierno federal escaló este martes al ámbito internacional. El empresario mexicano presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que acusa al Estado mexicano de ejercer una “persecución política” en su contra, en el marco del prolongado conflicto fiscal que mantiene con Hacienda desde hace más de una década.
La acción legal se produce luego de que Salinas Pliego agotara todas las instancias judiciales nacionales y perdiera, en noviembre pasado, los últimos recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que dejó firme una deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 51 mil millones de pesos, correspondiente a adeudos acumulados desde 2007.
De acuerdo con un comunicado difundido por Grupo Salinas, el empresario sostiene que desde 2023 ha sido objeto de un hostigamiento sistemático de carácter fiscal, judicial y administrativo, con el objetivo —afirma— de limitar su libertad de expresión y su participación en el debate público. La denuncia fue presentada tras una reunión con el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, realizada en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.
Entre los señalamientos incluidos en el documento, el conglomerado empresarial acusa al Estado mexicano de realizar auditorías excesivas, dañar la reputación de su presidente mediante declaraciones públicas y medios de comunicación, utilizar políticamente al aparato fiscal y afectar la independencia judicial, esto último en referencia a la reciente reforma que modificó de forma sustancial la integración del Poder Judicial.
El movimiento de Salinas Pliego ocurre en un momento clave del proceso. Hace apenas unas semanas, la Secretaría de Hacienda estableció el monto definitivo que deberá cubrir ante el SAT, lo que abrió la fase de ejecución del adeudo tras más de 15 años de litigios. El Gobierno federal anunció antes de finalizar 2025 que el pago sería requerido en enero, aunque la autoridad fiscal dejó abierta la posibilidad de una reducción de hasta 39% si el empresario optara por una liquidación voluntaria.
Lejos de esa alternativa, el magnate —considerado uno de los hombres más ricos del país— decidió llevar el conflicto más allá de las fronteras nacionales, apostando ahora por una resolución en instancias internacionales, en un nuevo capítulo de una disputa que combina finanzas, poder político y confrontación pública.
