La publicación por parte del Gobierno español de información clasificada sobre el intento de golpe de Estado de 1981 reabrió este jueves el debate sobre el posible regreso a España del rey Juan Carlos I, que se marchó a Emiratos Árabes Unidos en 2020 por las polémicas sobre sus finanzas y relaciones personales.
La casa real aseguró que la decisión es personal y le compete exclusivamente al monarca emérito, de 88 años.
Partidario claramente de su vuelta se había mostrado el líder de la oposición conservadora, Alberto Núñez Feijóo: "La desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado", argumentó en alusión a Juan Carlos I, que abdicó en 2014.
Según el dirigente de la derecha, el rey emérito ha reconocido "errores innegables" en su trayectoria, pero "contribuyó a sostener" la democracia española.
El Ejecutivo, formado por una coalición de izquierdas, replicó que la decisión de volver a España depende "exclusivamente" de él y la casa real.
"El Gobierno nunca le ha impedido y nunca le ha denegado la entrada a España", destacó el ministro de la Presidencia.
De hecho, viaja al país "cuando así lo decide", agregó sobre varios viajes esporádicos para actividades privadas. En sus memorias recientes, el rey emérito ha manifestado el deseo de volver de manera permanente.
A su vez, la ministra portavoz del Gobierno, la socialista Elma Saiz, opinó que la desclasificación de esos documentos, a los que se pudo acceder, es un ejercicio de transparencia que aleja "bulos y rumores malintencionados que querían difamar la figura del rey" en cuanto a un supuesto conocimiento previo o incluso conformidad con la asonada.
El 23 de febrero de 1981, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, fallecido justo este mismo miércoles, irrumpió pistola en mano en el Congreso al mando de un grupo de agentes de ese cuerpo de policía militarizada y secuestró a los diputados y al Ejecutivo, que estaban reunidos en pleno para votar la elección de un nuevo presidente del Gobierno.
Varios jefes militares se unieron a la rebelión, que se frustró cuando Juan Carlos I, jefe de las Fuerzas Armadas, ordenó a las autoridades civiles y castrenses, en un discurso televisado, que tomaran las medidas necesarias "para mantener el orden constitucional".