Suprema Corte retrasa discusión de creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retrasó la posible discusión de una acción de inconstitucionalidad promovida por diputados federales contra la reforma a la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar y el traspaso de 24 mil millones de pesos provenientes de cuentas inactivas de Afores.
Al iniciar la sesión de este martes 11, el secretario General de Acuerdos, Daniel Álvarez Toledo, leyó una determinación del pleno, informando que se daría cuenta de los asuntos identificados con el número del 20 al 28 de la lista, para luego continuar con el orden consecutivo.
El proyecto en cuestión es la acción de inconstitucionalidad 116/2024, con el número de lista 18 de 28, el cual fue turnado a la ministra Loretta Ortiz Ahlf, asentado que era procedente pero infundada la acción y se reconocía la validez del decreto por el que se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
La ministra evaluó que el decreto impugnado cobraba relevancia pues el gobierno federal pretende establecer la facultad del Estado de recaudar y manejar las cuentas individuales de los trabajadores sin la necesidad de una orden judicial, estimando que implica violaciones a los derechos de los trabajadores al privarles de sus ahorros.
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Proyecto de Ortiz sostiene que la Oposición partió de una 'premisa errónea'Se advirtió que el decreto impugnado viola el debido proceso legislativo, Artículos de la Constitución y principios de democracia deliberativa, representación, libertad parlamentaria y seguridad jurídica, sin embargo en una primera evaluación por la ministra Ortiz se estimó que el planteamiento lejos de buscar la regularidad constitucional de la norma pretender hacer valer intereses de las Afore, cuando el Fondo pretende regular cómo serán administrados los recursos a favor de los trabajadores.
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado argumentó consideraciones para sostener su legalidad como que las violaciones al proceso legislativo se presentaron en la Cámara de Diputados, argumentado que se respetó el derecho de participación de todas las fuerzas políticas; que se confunde el derecho de propiedad y rechazó que se vulnere el derecho de transparencia y acceso a la información pública.
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