Sellan Presidencia Municipal de Torreón y anticipan salida de trabajadores
A las tres de la tarde quedaron sellados los accesos a la Presidencia Municipal y se cumplió debidamente el resguardo de los vehículos oficiales de áreas administrativas y no prioritarias, en cumplimiento al blindaje electoral y para garantizar la transparencia y legalidad del proceso de este domingo 7 de junio.
Como parte de dicho operativo, el personal administrativo de distintas áreas de la Presidencia Municipal anticipó su salida a partir de la una y media de la tarde, con el fin de dar margen a que el Comité Interno de Blindaje Electoral (CIBE) tuviera el tiempo suficiente para el sellado de las oficinas en los siete pisos del edificio público.
Las primeras áreas en ser desalojadas fueron las oficinas que están en el primero y segundo pisos, y alrededor de las dos de la tarde ya se habían desocupado por completo los siete niveles del inmueble.
La disposición establece que a las tres de la tarde, los accesos a la Presidencia Municipal, tanto el principal que está sobre la avenida Allende, como los de la parte posterior en el estacionamiento de la avenida Abasolo, deberán quedar sellados para impedir el ingreso del personal.
De la misma forma, se dispuso el resguardo de los vehículos oficiales, tanto en el estacionamiento de este inmueble como en la Unidad Deportiva Compresora.
Al respecto, el subdirector Jurídico del Municipio, Eder Farías informó que en el caso de la unidad deportiva únicamente se acordonará el área donde los vehículos quedaron resguardados, para no cerrar todo el paseo público donde se realizan distintas actividades deportivas y de convivencia familiar.
Horas antes del cierre, las tres ciudadanas que integran el CIBE recorrieron las instalaciones de la presidencia municipal, acompañadas por Eder Farías y Rogelio Vizuett, representante de la Contraloría Municipal, para afinar detalles sobre el sellado del edificio municipal y el resguardo de los bienes.
La principal función de dicho Comité es verificar el resguardo de los recursos públicos, entre vehículos, inmuebles y programas sociales, para que éstos no sean utilizados en el proceso electoral, ya que esto implicaría la comisión de faltas administrativas y delitos de carácter electoral.
