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Señalan ‘cacería’ de tránsitos en Gómez Palacio

Empresarios exponen a alcaldesa el aumento de extorsiones por parte de elementos

Denuncian empresarios aumento de extorsiones por parte de elementos de tránsito, no solo hacia habitantes de Gómez Palacio, sino también a visitantes de ciudades vecinas y transportistas.

Denuncian empresarios aumento de extorsiones por parte de elementos de tránsito, no solo hacia habitantes de Gómez Palacio, sino también a visitantes de ciudades vecinas y transportistas.

ANGÉLICA SANDOVAL.-

Si bien reconocen los avances registrados en términos de percepción de seguridad y disminución de diversos delitos, empresarios señalan que están creciendo las extorsiones por parte de la elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Gómez Palacio, no solamente hacia habitantes de este municipio sino a visitantes de ciudades vecinas como Torreón y de transportistas que tienen la necesidad de movilizarse por la región lagunera.

El tema, salió a relucir durante la primera sesión ordinaria del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, la cual fue presidida por la alcaldesa Betzabé Martínez Arango.

“Vemos que en el periférico están todos los tránsitos, no sé si son todos, pero una situación prácticamente, casi de cacería, donde los tránsitos de aquí de Gómez Palacio, tienen parados a múltiples vehículos, pasando a Torreón pues ya no es lo mismo. No queremos decir que en Torreón no pase, no creemos que Torreón está libre de culpa, la verdad también hay muchas áreas de oportunidad ahí, y lo hemos estado viendo en el tema de Tránsito metropolitano”, señaló Homero del Bosque Ayala, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en este municipio.

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Dijo que en la sesión del Consejo, solicitaron que, si fuera posible, se le entregara a los agentes de vialidad un gafete con su nombre claro, la autorización para que presten el servicio a la comunidad y que se refuercen los exámenes de control y confianza en la corporación para que haya certeza de que la ciudadanía sea tratada como se merece.

Comentó que la presidenta municipal mostró apertura en el tema y celebró que “hoy sí sea un tema de construcción”, pues en otros tiempos “se hubieran molestado”.

Del Bosque Ayala, agregó que habrá una mesa de trabajo propuesta por Martínez Arango para tratar este asunto, dejando en claro que el empresariado no pretende que se solapen infracciones y/o violaciones cometidas al Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio, sino evitar que haya persecuciones y extorsiones.

Por su parte, la alcaldesa dio a conocer que se turnaron más de 200 casos por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones por parte de corporaciones como Tránsito y Vialidad y la Policía Municipal. Además, informó que se han dado algunas bajas de elementos por actos de corrupción, aunque dijo que no tenía el dato de cuántas se habían concretado en su administración.

“Hay que buscar que siempre el reglamento de todos los elementos, tanto de Vialidad como de Seguridad Pública se cumplan como deba de ser, independientemente de la normativa interna que exista, cualquier acto de corrupción que se lleve por fuera es investigado”, expresó.

Esta misma semana, Martínez Arango, dijo que los operativos de seguridad vial en el municipio no tienen fines recaudatorios sino preventivos y que los elementos de Tránsito y Vialidad tienen prohibido cometer actos de corrupción, por lo que la ciudadanía puede reportarlos de manera anónima a la Unidad Especializada Anticorrupción, al número de teléfono 871 177 77 11.

Ayer, retomó el tema y agregó que las denuncias anónimas, han generado mayor confianza en la ciudadanía para acercarse a señalar cualquier irregularidad en las corporaciones.

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Sobre el hostigamiento laboral que el pasado lunes denunció un grupo de agentes de Vialidad de manera anónima, la presidenta municipal mencionó que se harán las investigaciones y que cualquier trabajador tiene derecho a la libertad de expresión, además de que su gobierno está vigilante de que no se dé el llamado “Tequiliu”, que se refiere a una presunta red de corrupción y cuotas obligatorias exigidas a los elementos por parte de sus superiores.

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