Señalan presunta dilación en caso de menor agredida por su propia madre en Gómez Palacio

Menor sufre doble violencia: la primera ejercida por su propia madre, y la segunda, por la autoridad al dilatar el procedimiento en busca de justicia.

Liliana González, asesora jurídica de la menor identificada como "Alisson", explicó que el hecho se registró el pasado 13 de julio, de tal magnitud que permaneció hospitalizada por 24 horas.

Fue el día siguiente que, acompañada por su abuela paterna, María Urrutia, presentó la denuncia.

Según manifestó la asesora, la primera audiencia fue agendada hasta el 30 de noviembre de 2026, por supuesta carga de trabajo por parte del Poder Judicial del Estado de Durango.

Esto pese a que el Código de Procedimientos Penales señala como plazo máximo 15 días hábiles.

"Hemos decidido dar este comunicado de prensa a petición de la propia afectada, que tiene 17 años. Más que nada porque consideramos que es un tema grave y lo estamos haciendo con la finalidad de pedir a las autoridades gomezpalatinas que son las competentes, como lo es el agente del Ministerio Público y actualmente ya el Poder Judicial del Estado de Durango", explicó.

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La presunta agresora forma parte de la estructura de un partido político

Lo que además preocupa a la familia de la menor, es que la dilación en su caso sea por el cargo que desempaña Sandra "N", su madre, ya que forma parte de la estructura de un partido político a nivel local.

"Lo que nos preocupa es que la audiencia de formulación de imputación se agendó hasta el día 30 de noviembre del 2026 cuando estamos hablando que el Código de Procedimientos Penales te maneja un término mucho menor al que se otorgó. Sandra "N" ocupa un cargo dentro de la estructura municipal de uno de los partidos políticos de mayor relevancia en la zona de Durango, anteriormente, ella se desempeñó como regidora suplente de dicho partido y fue presidenta del Organismo Nacional de Mujeres de dicho partido. Entonces, nos preocupa el hecho de que esto pudiera llevarse una investigación con excepciones o privilegios, o que se no cumpla con los términos que se deben establecer", detalló.

La representante legal de la menor explicó que con estos señalamientos no pretenden que suplan la labor de las autoridades correspondientes.

"Nosotros no pretendemos que los medios sustituyan el actuar de la representación social y el Poder Judicial, sino únicamente queremos hacer público que estas autoridades lleven la denuncia y el proceso con la debida diligencia, transparencia y objetividad con la que se deben llevar todos y cada uno de los procesos".

Y es que además no se le ha brindado el apoyo psicólogo que requiere la menor, quien incluso el pasado lunes atentó contra su propia vida.

Más que una reparación del daño, se busca una reparación integral.

"La violencia familiar no es un delito que amerite prisión preventiva, pero más que nada lo que se garantiza en estos delitos de violencia familiar es una reparación integral a la víctima, esta reparación conlleva más allá de una cuestión económica, cómo pueda sentirse reparada de estas agresiones y cuestiones psicológicas; se empezaría con el apoyo psicológico y psiquiátrico".