Sentencian a exprestador de la Secretaría de Educación de Durango por abuso de autoridad
Aldo Leyhson Cruz Aldama, exprestador de servicios profesionales de la Secretaría de Educación, fue sentenciado a un año de prisión, al pago de una multa y a la reparación del daño por 91 mil 219 pesos, luego de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango (FECCED) obtuviera una condena en su contra por abuso de autoridad.
La resolución judicial se emitió mediante un procedimiento abreviado, después de que durante la investigación se estableciera que el ahora sentenciado había celebrado un contrato con la Secretaría de Educación para desempeñar actividades relacionadas con asesoría jurídica externa.
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El titular de Educación de Durango, Guillermo Adame, reportó avances en regulación digital, finanzas, infraestructura, bachilleratos, programas preventivos y culturaDe acuerdo con la información proporcionada por la FECCED, durante las investigaciones se determinó que los servicios establecidos en dicho contrato no fueron cumplidos, situación que habría generado un detrimento patrimonial para la institución por un monto de 91 mil 219 pesos, correspondiente a los servicios que habían sido contratados.
Delito y sanciones
A partir de los elementos reunidos durante la investigación, el caso fue presentado ante la autoridad judicial y la conducta atribuida a Cruz Aldama fue encuadrada en el delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado por el artículo 332, fracción IX, en relación con el penúltimo párrafo del mismo numeral del Código Penal del Estado de Durango.
El procedimiento concluyó con una sentencia condenatoria dictada por la autoridad judicial, mediante la cual se impuso al exprestador de servicios una pena de un año de prisión, además del pago de una multa a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Durango.
Como parte de la resolución, también se estableció la obligación de cubrir la reparación del daño por la cantidad de 91 mil 219 pesos, correspondiente al detrimento patrimonial señalado durante la investigación.
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