Servicio exterior: 896 investigaciones y 36 sanciones
Entre 2013 y 2024, la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió 896 investigaciones iniciadas por el Órgano Interno de Control de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno contra personal del Servicio Exterior Mexicano (SEM) por diversas irregularidades administrativas. Del total, en 36 casos se aplicó una sanción, de acuerdo con información entregada vía transparencia para este reportaje; 32 funcionarios tenían un cargo directivo o diplomático consular, entre ellos ministros, consejeros y cónsules.
En 12 años, durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, las investigaciones internas advirtieron pagos indebidos con cargo al presupuesto de la representación diplomática, uso personal de vehículos oficiales, trato preferencial a conocidos o familiares en trámites consulares, falsedades en sus declaraciones patrimoniales, gastos excesivos en menaje de casa y uso indebido de la valija diplomática, el medio de comunicación por el que se administra el envío y recepción de la documentación oficial de la Cancillería.
También hay decenas de casos de acoso laboral y hostigamiento sexual que denuncian "acercamientos y contacto físico".
El Servicio Exterior Mexicano es la estructura permanente de diplomáticos y personal técnico-administrativo que, bajo la dirección de la SRE, representa a México ante el mundo y negocia tratados.
Entre los investigados había 24 embajadores y cónsules: 14 casos se concluyeron sin sanción, dos fueron castigados con una amonestación y otro más con amonestación y sanción económica; el resto sigue sin sentencia firme.
Todos estos expedientes pasaron por el ojo del Presidente de México, como marca la Ley del Servicio Exterior, antes de someter la resolución a la consideración del secretario.
Para este trabajo se realizaron más de 300 solicitudes de información a instancias federales, pero el nivel de testado en las respuestas no permitió conocer la mayoría de las valoraciones presidenciales.
El 98% de los 896 casos fueron considerados como "no graves". Sólo uno derivó en una destitución.
Al consultar sobre el tema a la SRE, afirmó, a través de un posicionamiento escrito, que "se instruyó a todas las personas funcionarias responsables a atender con prontitud las denuncias, abatir rezagos en las investigaciones y revisar a profundidad los procedimientos para identificar mejoras y reducir los tiempos de resolución".
Denuncias desde Rusia
En el Consulado de Rusia hubo denuncias por acoso sexual durante el periodo del cónsul Gustavo Alfredo Sosa Peralta (2018-2024).
Tres cartas de denuncia en poder de este equipo periodístico describen cómo buscaba pretextos para acercarse a las mujeres de nacionalidad rusa que trabajaban con él, tocarles las manos, acariciarles la espalda, abrazarlas y besarlas.
"Me invitó a su oficina para hablar de trabajo, pero de repente se levantó, se me acercó, me abrazó fuerte y me besó en los labios", detalló una de las mujeres.
"Me gustas mucho, quiero estar contigo todo el tiempo. Sé que no es normal", le dijo a otra trabajadora. Otra denunciante mencionó que en ocasiones la abrazó, intentó besarla en el cuello y, sin su consentimiento, le dio un beso en la comisura de la boca. Ella siempre lo rechazó.
Las denunciantes enviaron cartas al Comité de Ética narrando el acoso sistemático del cónsul en 2024, casi un año después de que Alicia Bárcena, entonces titular de la SRE, refrendara la cero tolerancia al hostigamiento y al acoso sexual.
Aunque se encontró que las conductas de Sosa Peralta podrían constituir actos de acoso sexual, los miembros del Comité de Ética no pudieron sancionar porque sólo emiten por escrito "opiniones y recomendaciones no vinculantes". En el caso de Sosa Peralta, hasta el momento no ha habido una sanción. Tiempo después, el cónsul fue asignado a la Embajada de la Santa Sede, en el Vaticano, encargado de asuntos administrativos.
El modelo
Los miembros del SEM cuentan con un sistema disciplinario propio.
Aunque las investigaciones las realiza el Órgano Interno de Control, que depende de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el desahogo del procedimiento y la sanción queda en manos de la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios (SAD) y la Comisión de Personal, que forman parte de la SRE y atienden asuntos exclusivos del SEM.
Para el resto de los servidores públicos es el OIC quien determina e impone la sanción.
Entre agosto de 2022 y agosto de 2025, el titular de la Comisión de Personal fue el embajador Juan Carlos Lara Armienta, quien también presidió la subcomisión. En ese periodo, el órgano que lideraba tuvo conocimiento de denuncias por acoso e incumplimiento del código de conducta que ocurrieron dentro de la misma oficina encargada de vigilar a los diplomáticos, y que fueron reportadas al Comité de Ética.
Los sancionados
Durante su sexenio, el expresidente Enrique Peña Nieto fue notificado de seis casos de los 24 embajadores y cónsules investigados, aunque no hay registro de alguna sanción impuesta después de que el exmandatario emitiera su opinión.
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se recibieron 13 expedientes que resultaron en tres amonestaciones. Hay cinco casos más que fueron enviados al Ejecutivo, pero no se precisó la fecha del envío en respuesta a una solicitud de información.
Uno de los sancionados fue José Omar Hurtado Contreras, quien era titular del Consulado en San Pedro Sula, Honduras. Se le acusó de uso indebido de un vehículo oficial asignado a las oficinas consulares. Sólo recibió un regaño a puerta cerrada. Otro caso que pasó por la opinión de López Obrador fue el de Carlos Ignacio Giralt Cabrales, quien era cónsul general en Guangzhou, China. Fue investigado por maltratar físicamente a una mujer. En abril de 2017, después del altercado que derivó en una denuncia, fue ascendido a embajador por Peña Nieto. En 2020 se le dio una amonestación.
La única sanción económica a un embajador fue la que se impuso a Rubén Alberto Beltrán Guerrero. El procedimiento disciplinario se inició por fallas en la supervisión de recursos financieros durante su gestión en la Embajada de Rusia. "Tengo las manos absolutamente limpias", dijo en entrevista.
Las anomalías del personal diplomático también han estado bajo el escrutinio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El 19 de julio de 2022, el OIC en Relaciones Exteriores fue alertado por la UIF de presuntas irregularidades cometidas por una persona embajadora. Según informó en respuesta de transparencia, tras el reporte de inteligencia, el OIC inició una investigación por "falsedad de información en la declaración patrimonial y de intereses de una persona embajadora". El caso se archivó.
En el Consulado de Nueva York, Estados Unidos, una agregada administrativa expidió y autorizó "de manera arbitraria" un pasaporte en favor de su esposo sin acreditar su identidad ni nacionalidad. En el consulado de San Pedro Sula, Honduras, una integrante del SEM fue acusada de expedir visas irregulares y de perder 54 expedientes vinculados a su labor. En los poquísimos casos en que se llega a una sanción, los acusados tienen altas probabilidades de obtener la anulación de la sanción por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
