Tantos problemas por resolver, pero el gobierno pareciera decidido a crear más polarización. Ahora la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones determinó someter a consulta pública unos “Lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias”. Todo esto en el marco de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. ¿Quién solicitó estos “Lineamientos”? En su artículo primero declaran que el “…objetivo es establecer las bases de las políticas en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y satelital, regular los servicios de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, los derechos de los usuarios y de las audiencias”. La Agencia nació para impulsar el desarrollo de los medios con una regulación para las empresas. Pero los usuarios y las audiencias no son materia de regulación. La trama oficial defiende que busca proteger a las audiencias, como si las audiencias no pudieran protegerse. A más competencia, más protección de las audiencias. Tan sencillo como cambiar de canal o de frecuencia y escoger en plena libertad aquella que más nos convenza.
Más enredos, los “Lineamientos” - inevitable pasar ciegos frente a las dos primeras sílabas “línea”- el acuerdo se remite al artículo sexto, Apartado B, fracción IV, que “prohíbe la transmisión de publicidad y propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Vamos, lo que hace el gobierno todos los días. El actual artículo nació con la Reforma Política de 1977; su objetivo: que la ciudadanía tuviera acceso a la información oficial. Un derecho ciudadano que se expandió en la segunda mitad del siglo pasado pero que tiene orígenes remotos, por ejemplo en la Constitución de Suecia de 1776. Pasaron 23 años hasta que el presidente Vicente Fox atendió esa demanda y se promulgó la ley secundaria dando vida al IFAI, después INAI y los institutos locales. La expresión transparencia dejó de remitir a una pecera o al mar Caribe, para enfocarse en el uso de los dineros públicos. Pero la 4T acabó con el andamiaje que surgió de un derecho ciudadano. El INAI costaba al año alrededor de 1,000 mdp; PEMEX perdió 2,136 mdp diariamente en 2024.
La Sociedad Interamericana de Prensa posicionó a México en el lugar 16 en el llamado Índice Chapultepec de Libertad de Expresión, sólo por encima de Haití, Cuba, El Salvador, Nicaragua y Venezuela, y con récord de periodistas asesinados en muy distintas entidades –la mitad de la República- con mandatarios que hablan de “listas negras”, ahora se lanzan a este desvarío en la que cinco ciudadanos propuestos por la presidenta, podrán multar o cancelar concesiones. El efecto intimidatorio sobre los medios pequeños y medianos del país es brutal. De pronto pretenden una rígida división entre información y opinión. La mañanera es ejemplo de opiniones entreveradas con información fuera de contexto. Pedro Aspe y Guillermo Ortiz, en sendos documentos sobre la situación de la economía mexicana han mostrado las enormes inconsistencias. El enredo es mayúsculo, porque la construcción de verdades acreditables -la verdad definitiva es una ficción epistemológica- surgen del debate abierto sobre ciertos hechos que muchas veces se logran a través del periodismo de investigación, recordemos el huachicol fiscal.
Publicidad y propaganda han sido desde hace décadas un tema con definiciones claras. Hay información de Estado -una campaña de vacunación- que debe ser difundida en los medios poderosos para lograr penetración. La propaganda es distinta, pues lleva un giro político. Que la presidenta abiertamente acepte que no se les da nada a tres medios muy relevantes, es descaro. Esa decisión, violenta el derecho de estos a tener acceso al dinero dedicado a asuntos de Estado. La propia SIP le asigna a México una calificación de 6.93 frente a un máximo de 40 a la “…actuación del Estado contra la violencia e impunidad contra periodistas y medios” muchos de los cuales son atacados desde el púlpito mañanero.
¡Que cinismo!