Sheinbaum y Harfuch se contradicen sobre protección de Rocha Moya
Una diferencia en las declaraciones de Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, desató cuestionamientos sobre el esquema de protección asignado al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Durante la conferencia matutina de este 13 de mayo, Sheinbaum afirmó que fue el propio Rocha Moya quien solicitó medidas de seguridad adicionales tras dejar el cargo.
“De Sinaloa tenía su propia protección. Y ahora él solicitó protección y se le da, igual que se le da a otras personas que lo solicitan a partir de un análisis de riesgo”, declaró la mandataria federal.
Al ser cuestionada directamente sobre si la petición había sido realizada por el exmandatario estatal, respondió: “Sí, como gobernador de Sinaloa”.
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El gobernador de Tamaulipas habló sobre el caso de Rubén Rocha MoyaSin embargo, las declaraciones contrastan con lo expresado por García Harfuch el pasado 4 de mayo. En aquella ocasión, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sostuvo que Rocha Moya no había pedido reforzar su seguridad y que la decisión surgió como recomendación del propio gabinete federal.
“En este caso no fue una solicitud, sino que se recomendó también que tuviera cuerpo de seguridad. No es nada, no es ningún dispositivo grande. No han pedido seguridad nadie”, dijo el funcionario.
Las versiones generaron debate debido a que ambas explicaciones presentan diferencias sobre el origen de la protección otorgada al político sinaloense. Hasta el momento, ninguna autoridad federal ha emitido una aclaración sobre la discrepancia entre ambos posicionamientos.
El tema ocurre en medio del proceso que enfrenta Rocha Moya luego de solicitar licencia al cargo el pasado 1 de mayo, situación que implicó la pérdida de su fuero constitucional. Paralelamente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una solicitud de detención provisional con fines de extradición relacionada con presuntos nexos criminales.
El caso ha colocado nuevamente bajo presión al gabinete de seguridad federal, mientras continúan las investigaciones y operativos relacionados con la situación en Sinaloa.
