Sin la asistencia de las ministras propuestas por el expresidente López Obrador y que luego fueron electas, Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, los integrantes de la Suprema Corte ofrecieron una rueda de prensa tras el escándalo por la adquisición de camionetas de lujo blindadas.
Al introducir la materia, el ministro presidente Hugo Aguilar dijo que Yasmín Esquivel y Lenia Batres no pudieron estar presentes por cuestiones de salud, mientras Loretta Ortiz estaba cumpliendo una comisión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El ministro presidente Hugo Aguilar informó que por “decisión administrativa”, atendiendo las demandas de la ciudadanía, se inició el proceso de desincorporación de las camionetas blindadas.
El ministro Arístides Guerrero denunció que los anteriores ministros de la Suprema Corte se llevaron obras de arte y cuatro camionetas que habían sido adquiridas que previamente formaban parte de la Corte, esto como parte de su haber de retiro.
Se dijo que todos los procesos de adjudicación directa están siendo transparentados y en su caso se subsanarán.
Cuestionados si utilizarán vehículos “más austeros” se informó que actualmente usan camionetas no blindadas y ahora podrían ser modelos Sedan, recién adquiridos o incluso los propios.
Aclaró que el costo de las camionetas blindadas no fue de más de 3.5 millones de pesos, sino de 2.4 millones con el blindaje.
El ministro presidente negó que las camionetas fueran adquiridas con placas del estado de Morelos, donde hubiera pagado una tenencia menor a que si hubiera si registrada en la Ciudad de México.
Aguilar aclaró que las condiciones de seguridad para la adquisición de las camionetas fueron en materia vial y no por amenazas o riesgos.
Relató que en un viaje a Huejutla, la camioneta sufrió un accidente, partiéndose el rin. Aclaró que la decisión estuvo justificada no caprichosa, pero de igual forma “el ministro puede andar como ciudadano común”.
Afirmó que los anteriores ministros se llevaron las obras de arte y las camionetas legalmente, existiendo acuerdos y normativas para ello.
Tanto el ministro Aguilar como el magistrado Néstor Vargas dijeron desconocer las razones para la renuncia de la magistrada Lorena Josefina Pérez Romo al frente del Órgano de Administración Judicial luego de una sesión privada del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
(ESPECIAL)
