La verdadera soberanía no se declama, se ejerce, se demuestra garantizando derechos.
Pobre Claudia Sheinbaum. Tan enferma y sin diagnóstico reconocido. Lo suyo no aparece en el catálogo de la OMS ni en los manuales médicos, pero sí en el archivo histórico del viejo PRI. Se llama "soberanitis". Se manifiesta con brotes recurrentes de indignación patriótica, una necesidad compulsiva de repetir que "México no es colonia", y una incapacidad persistente para tolerar cualquier mirada crítica desde el exterior. La enfermedad suele activarse cuando hay denuncias sobre violaciones graves a derechos humanos. Entonces, la soberanía deja de ser principio y se convierte en tapadera.
Basta observar la reacción del gobierno ante la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de llevar el caso mexicano a la Asamblea General. El Comité no improvisa: advierte índices de desapariciones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad y propone cooperación internacional ante una crisis que rebasa al Estado. La respuesta de la 4T es Totalmente Palacio: defensa cerrada, descalificación, acusaciones de "sesgo" e "injerencismo", y negación categórica. Como en los años setenta, cuando el régimen se envolvía en la bandera para impedir que alguien mirara lo que ocurría debajo de ella.
La ONU plantea algo menos dramático -y más útil- que la supuesta injerencia: activar mecanismos que México necesita. Misiones técnicas, fortalecimiento forense, cruce de bases de datos, apoyo en identificación de restos, estándares internacionales de investigación y acompañamiento a las búsquedas. No sustituir al Estado, sino ayudarlo con una tarea que hace de mala manera.
Organizaciones como Tlachinollan, el Centro Prodh y colectivos de buscadoras han insistido en Ginebra: México vive una crisis que no admite maquillaje ni manipulación ni minimización. Más de 70,000 cuerpos sin identificar. Instituciones ineficaces. Investigaciones que no avanzan. Familias que cargan con el trabajo del Estado. Y una conclusión demoledora: la respuesta oficial; "ocultar en lugar de esclarecer". No hablan de casos aislados, sino de patrones: omisión, negligencia y, a veces, complicidad.
El Comité ha sido igual de claro: el problema no se resuelve negando etiquetas. No basta con decir "no es el Estado" si el Estado no previene, no investiga y no sanciona. Por eso propone escalar el tema: no para exhibir a México, sino para obligar a que la debacle deje de administrarse como daño reputacional y se asuma como emergencia nacional.
Pero la "soberanitis" también produce episodios de doble personalidad. El gobierno mexicano exige -con razón- respeto a los derechos de los migrantes en Estados Unidos y denuncia abusos y muertes en centros de detención. Pero cuando un organismo internacional propone ayudar a esclarecer más de 130 mil desapariciones en México, la respuesta es acallar a los médicos para evitar el diagnóstico de un mal congénito. La "soberanitis" sirve para denunciar hacia afuera, pero también para adormecer hacia adentro.
Y sin embargo, esa misma soberanía que se defiende con discursos altisonantes se negocia cuando conviene. Se cede ante la presión de Trump en todo: seguridad, comercio y migración. Se acepta la militarización de la frontera. Se colocan aranceles a China antes de negociaciones formales del T-MEC. Se colabora en inteligencia. Se entregan capos sin procesos de extradición. Y frente a otras injerencias evidentes, la respuesta es tibia. La consigna parece ser: la soberanía es intocable, salvo cuando Trump la pisotea. Entonces, Sheinbaum calla.
Como toda enfermedad crónica, la "soberanitis" tiene una sintomatología predecible. Sheinbaum grita "la soberanía no se negocia" mientras la concesiona en los hechos. Rechaza la cooperación internacional en derechos humanos, pero acepta sin resistencia la presión externa del Donald demencial. No entiende que la verdadera soberanía no se declama: se demuestra garantizando derechos. Y hoy, en México, esos siguen siendo deuda.
La cura para la patología presidencial existe, pero incomoda: entrañaría reconocer que el acompañamiento internacional no es injerencia, sino herramienta. Implicaría aceptar que la asistencia no debilita al Estado; lo obliga a responder. Significaría proteger menos la imagen de la Presidenta, y reivindicar más la vida de las personas. Porque la soberanía que importa no es la que se invoca, sino la que se ejerce. Y en México, esa -como tantos- sigue desaparecida.