Subcomité de la ONU contra la tortura visitará México tras 10 años, ¿Cuál era la situación entonces?

La próxima semana, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura visitará México luego de 10 años de ausencia.Las Naciones Unidas informaron que la delegación estará liderada por la abogada española Carmen Comas-Mata, experta en prevención de la tortura y que junto a su equipo analizará centros de detención y mantendrá entrevistas confidenciales con detenidos y personal de las instalaciones, aparte de reunirse con autoridades mexicanas. 

Su visita anterior ocurrió en diciembre de 2016 durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, en el reporte se recomendó al Estado adoptar medidas legislativas para abolir la figura del arraigo. 

Los visitadores observaron lesiones compatibles con formas de tortura y/o malos tratos, con muchas de las personas entrevistadas manifestando temor a represalias, solicitando la intervención de médicos y de las Comisiones de Derechos Humanos.

Ese año el Subcomité describió de las actuación gubernamental en conjunto “Ni el personal médico de los lugares de detención, ni jueces, fiscales, comisarías de policía o defensores desarrollan una actitud proactiva dirigida a la efectiva detección, documentación y denuncia de la tortura”. 

Aparte recomendó al Estado velar por que, sin perjuicio de la presunción de inocencia, los presuntos responsables fueran suspendidos de sus funciones de forma inmediata mientras dure la investigación, si existiera el riesgo de reincidir, tomar represalias u obstaculizar la investigación. 

Ese mismo año, el Inegi publicó su primera Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), indicando que 79.3 pro ciento de los detenidos habían sido esposados al momento del arresto y en el 57.8 % de los casos se había empleado fuerza física para someterlos.

Un 46.1 por ciento fue amenazado con un arma y un 35.8 por ciento fue sometido con un arma. 

El 75.6 % de los encuestados para la ENPOL dijo que sufrió violencia psicológica, con el 58.3 % diciendo que fue incomunicada; el 52.5 % fue amenazada con cargos falsos; el 36.6 % fue presionada para denunciar a alguien y el 28.2 % fue amenazado con hacerle daño a su familia. 

Respecto a agresiones físicas, el 46.2 por ciento fue desvestido, el 40.2 por ciento fue atado, el 39.2 fue cubierto de la cabeza o los ojos, al 35.6 se le sofocó o asfixió y en un porcentaje menor pero no menos significativo, el 7.5 % dijo que le se hizo daño a su familia. 

De las agresiones físicas, el 59 por ciento dijo haber sufrido patadas o puñetazos; el 39 %, golpes con objetos; el 37 %, lesiones por aplastamiento; el 19.4 %, descargas eléctricas; el 6.5 %, quemaduras; el 4.5 %, violación sexual y en porcentaje menor también se reportaron lesiones con arma blanca y de fuego. 

Situación en Coahuila 2016-2021

Los resultados de Coahuila revelaron que en el 62.8 por ciento de los casos, la autoridad empleó la fuerza física para someterla, con un 79 % de ellos siendo esposados. 

Además, el 59.5 por ciento fue amenazado con algún arma.

De la población privada de la libertad, el 78.4 por ciento reconoció haber sufrido violencia psicológica como el quedar incomunicada, amenazas de enfrentar cargos falsos, cubrirles la cara o los ojos, atarlos e incluso impedirles respirar con un 52 por ciento, cuando a nivel nacional era de 35.6 %.

Por parte de la autoridad, el 71.4 por ciento sufrió algún tipo de agresión física, con la principal siendo patadas y puñetazos, pero también se documentaron golpes con objetos, lesiones por aplastamiento, descargas eléctricas y quemaduras. 

Cinco años más tarde, la ENPOL 2021 documentó que la actuación de las autoridades en Coahuila se había modificado gradualmente, como fue el caso que el uso de fuerza física para someter a un detenido pasó a 55.6 por ciento, pero el uso de esposas se mantuvo con un 74 %.

Luego de la detención, el 38.8 por ciento de los encuestados dijo haber sido incomunicado o aislado con un 34.1 % siendo amenazado con enfrentar cargos falsos. El 33.6 por ciento dijo haber sido amenazado con hacerle daño y el 32.2 fue paseado en un vehículo por las calles. 

Respecto a las agresiones físicas, el 34.5 por ciento dijo haberlas sufrido, siendo aún las patadas o puñetazos como la agresión principal cometida por la autoridad luego de la detención. 

Otras afectaciones fueron asfixia o ahorcamiento con un 29 %; golpes con objetos, 20.6; ataduras, 20.1 % y lesiones por aplastamiento con 14.4 por ciento.