Subsidio a combustibles presiona finanzas y obliga a replantear política energética: Jericó Abramo
El Diputado federal Jericó Abramo Masso alertó que el subsidio aplicado al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en combustibles está generando un impacto significativo en las finanzas públicas, al reducir la disponibilidad de recursos para otros rubros prioritarios.
De acuerdo con el legislador, en el último mes el Gobierno de México ha destinado alrededor de 90 mil millones de pesos para evitar incrementos en el precio de las gasolinas. Esta medida, explicó, ha implicado ajustes en el presupuesto que podrían afectar la ejecución de proyectos de infraestructura en distintas regiones del país.

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La mandataria advierte que no hay justificación para costos por encima de los 28 pesos pese a subsidios; reunión clave será el 21 de abrilAbramo Masso consideró que es necesario revisar el enfoque actual de la política energética, al señalar que el contexto internacional y los costos internos hacen más viable la exportación de petróleo crudo que su procesamiento en refinerías nacionales.
En este sentido, mencionó que los gastos asociados a la refinación se han elevado, en parte por proyectos impulsados durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El Diputado también advirtió sobre las repercusiones en el costo de vida, particularmente en alimentos básicos. Indicó que, en meses recientes, productos como la calabacita, la papa y el limón han registrado aumentos superiores al 25%, lo que impacta directamente en la economía de los hogares.
En el ámbito fiscal, recordó que durante la discusión de la Ley de Ingresos propuso fortalecer el federalismo presupuestal, con el objetivo de canalizar más recursos a los estados y compensar las limitaciones financieras del gobierno central.

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Aclaró que no todos los casos responden a falta de ingresos, sino que existe un amplio sector que opera en la informalidad pese a contar con capacidad económica.
Finalmente, el legislador destacó la necesidad de ajustar tanto la política de inversión como los programas sociales, de manera que se garantice el apoyo a los sectores vulnerables sin comprometer la estabilidad financiera del país, apostando por una mayor recaudación y la formalización de la economía.