Suprema Corte destina más de 25.6 millones de pesos en camionetas blindadas para sus ministros
La renovación del parque vehicular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) incluyó la adquisición de nueve camionetas blindadas con un costo total de 25 millones 650 mil pesos, lo que representa un promedio de 2 millones 850 mil pesos por unidad, IVA incluido, según documentos oficiales del máximo tribunal.
La compra fue autorizada por el Comité de Adquisiciones, Servicios, Obras y Desincorporaciones (CASOD) durante una sesión celebrada el 5 de diciembre, a solicitud de la Dirección General de Seguridad, encabezada por Juan Rodrigo Sandoval Bonilla. Los vehículos fueron clasificados como “con cualidades especiales de seguridad” y se adjudicaron mediante un procedimiento de adjudicación directa especial.
De acuerdo con el acta de dicha sesión, el contrato fue otorgado de manera unánime a la empresa TOTAL PARTS AND COMPONENTS, S.A. de C.V., con un plazo máximo de entrega al 31 de diciembre de 2025. El documento establece textualmente:
“El Comité autoriza de manera unánime la adquisición de nueve vehículos con cualidades especiales de seguridad, mediante adjudicación directa especial con la persona moral ‘TOTAL PARTS AND COMPONENTS, S.A. de C.V.’, con un plazo máximo de entrega al 31 de diciembre de 2025 y un monto total de $22,112,073.00 (veintidós millones ciento doce mil setenta y tres pesos 00/100 M.N.) más IVA”.
El gasto cobró relevancia pública el 22 de enero, cuando trascendió que los ministros —electos por voto popular en junio del año pasado— ya utilizaban camionetas de lujo Jeep Grand Cherokee, lo que generó críticas por un posible contraste con el discurso de austeridad promovido por la llamada Cuarta Transformación.
Un día después, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) defendió la operación al asegurar que la adquisición forma parte de un proceso de sustitución del parque vehicular del Poder Judicial, en el que se abandonó el esquema de arrendamiento para optar por la compra directa. Según el organismo, este cambio permitirá un ahorro estimado de mil 98 millones de pesos durante los años 2026, 2027 y 2028.
Sin embargo, en los registros del CASOD no se detallan las razones específicas que justificaron la autorización de los nuevos vehículos. El acta únicamente consigna la solicitud formal presentada por la Dirección General de Seguridad:
“CASO 0112EDGRM25.- Se solicita autorización para la adquisición de vehículos con cualidades especiales de seguridad, solicitados por la Dirección General de Seguridad (DGS)”.
La empresa beneficiada con el contrato se dedica al arrendamiento y comercialización de vehículos y forma parte de Grupo Andrade, uno de los principales proveedores de patrullas y unidades de renta para gobiernos vinculados a la Cuarta Transformación.
