Suprema Corte enfrenta críticas y defiende gasto millonario en camionetas blindadas

Un día después de que se informara que las nueve camionetas Grand Cherokee blindadas adquiridas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación no serán utilizadas por los ministros, el presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar, salió a explicar y defender una decisión que, aseguró, estuvo lejos de ser arbitraria.

Aguilar afirmó que la compra —con un costo aproximado de 2.4 millones de pesos por unidad— estuvo “plenamente justificada”, al responder a problemas de seguridad detectados durante los traslados que realizan los integrantes de la Corte al interior del país, y no a amenazas directas contra los ministros.

Subrayó que la determinación de no usar los vehículos y ponerlos a la venta o destinarlos a jueces federales en situaciones de riesgo demuestra que la institución atiende las críticas públicas y que él mismo no tiene inconveniente en trasladarse “como cualquiera de ustedes”.

“Podemos andar como cualquier ciudadano común, podemos ir en autobús, vuelo, en nuestros propios vehículos”, sostuvo.

El presidente de la Corte explicó que al cierre de agosto de 2025 la SCJN contaba con 42 vehículos blindados adquiridos desde 2010, de los cuales cuatro fueron comprados por ministros salientes como parte de su haber de retiro, aunque no precisó quiénes los adquirieron ni el monto que pagaron.

Las compras históricas volvieron al centro del debate luego de que el ministro Arístides Guerrero acusara que algunos exintegrantes del pleno “se llevaron” las camionetas, además de señalar que se audita un acuerdo emitido durante la presidencia de Norma Piña.

“Díganme en qué trabajo permiten adquirir a un precio mucho menor del que se encuentra en el mercado”, cuestionó en repetidas ocasiones Guerrero.

Aguilar respondió de forma directa: “No se las robaron”, al recordar que desde 2010 existe un acuerdo que reconoce el derecho de los ministros a un vehículo blindado, el cual debe renovarse cada cuatro años debido al deterioro del blindaje y a los problemas mecánicos que genera con el tiempo.

También rechazó versiones sobre un supuesto emplacamiento irregular en Morelos y aclaró que las nuevas camionetas fueron registradas en la Ciudad de México.

Sobre el origen de la decisión, Aguilar detalló que los actuales ministros realizan viajes frecuentes los fines de semana para escuchar a la ciudadanía y que, durante esos recorridos, se registraron incidentes con los vehículos ya existentes.

“Lo que tuvimos fueron incidentes de seguridad en el camino. En un viaje a Huejutla, la camioneta se quedó a medio camino, se partió el rin, no era un vehículo para carretera”.

Insistió en que la determinación no respondió a criterios personales: “La decisión no fue subjetiva, caprichosa o arbitraria, está justificado”.

Pese a la polémica, el proceso de adquisición de las camionetas aún no aparece en el Portal de Transparencia de la Corte, que tampoco ha actualizado de manera general sus contrataciones desde septiembre pasado, cuando inició la nueva integración del pleno.

Finalmente, Aguilar defendió el equilibrio entre austeridad y operación institucional, al recordar que para 2026 la SCJN contará con el mismo presupuesto nominal que en 2025: 5 mil 208 millones de pesos.

“Si austeridad va a ser no gastar un peso, pues la Corte y el Poder Judicial se van a paralizar”, advirtió. “Austeridad implica responsabilidad en el uso del dinero del pueblo, sin afectar el funcionamiento de la institución”.