Suprema Corte presenta proyecto que involucra a funcionarios de Torreón en 2013
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá un amparo directo en revisión interpuesto contra una sentencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito en un juicio de amparo directo que involucra a funcionarios del Ayuntamiento de Torreón en el año 2013.
El amparo directo en revisión 2932/2022 turnado a la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf plantea como problema jurídico a resolver por la Suprema Corte el determinar si se actualizan los requisitos de procedencia del recurso de revisión, con la propuesta de desechar el recurso de revisión y dejar firme la sentencia recurrida.
Los antecedentes del proyecto detallan que una persona promovió un amparo indirecto en contra del jefe del Catastro, el responsable de Verificación Física del Catastro y el tesorero del Ayuntamiento de Torreón al reclamar la emisión del avalúo catastral, así como la retención, cobro y autoliquidación del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles y de los derechos de servicios catastrales.
La demanda fue conocida por el Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna en enero de 2013, mismo que concedió un amparo para efecto de las autoridades
1. Dejaran insubsistente el dictamen de valuación
2. Dejaran insubsistentes los cobros del pago de derechos por servicios catastrales y del Impuesto
3. Regresaran las cantidades pagadas
El entonces jefe del Catastro Municipal interpuso un recurso de revisión, a lo que el Juez de Distrito requirió a las autoridades responsables dar cumplimiento a la sentencia, luego de faltar a la ejecutoria, ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, mismo que solicitó información sobre la falta de atención y al no obtenerla declaró parcialmente fundado el incidente y ordenó remitir los autos al Alto Tribunal para el estudio de las sanciones.

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En mayo de 2017, la jueza Primera de Distrito en La Laguna dictó sentencia condenatoria en contra del ahora recurrente y le impuso una pena de prisión de 10 años por responsabilidad penal en la comisión del delito de incumplimiento de sentencia.
El inconforme interpuso un recurso de apelación ante el Segundo Tribunal Unitario del Octavo Circuito, el cual en enero de 2018 confirmó la sentencia recurrida. El quejoso promovió un juicio de amparo argumentando una indebida interpretación del Artículo 107, fracción XVI, primer párrafo de la Constitución; como inconstitucionales los artículos 195 y 198 de la Ley de Amparo; y violatorios de la Constitución diversos artículos de la Ley de Amparo.

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El Municipio busca superar los 100 millones de pesos en recaudación; Simas también reportó participación de usuarios en su campaña de descuentosEn diciembre de 2018, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito le concedió un amparo y en enero de 2019, el Segundo Tribunal Unitario del Octavo Circuito dejó insubsistente la sentencia reclamada y dictó otra confirmando el fallo condenatorio.
El quejoso promovió un segundo juicio de amparo, siendo en octubre de 2021 cuando la Suprema Corte recibió del quejoso la solicitud de facultad de atracción, siendo en febrero de 2022 cuando la extinta Primera Sala desechó la solicitud, nuevamente el Segundo Tribunal Colegiado se pronunció en mayo de 2022 negando el amparo, a lo que el quejoso interpuso un recurso de revisión el cual fue admitido a trámite.
Al conocer la segunda demanda de amparo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito en mayo de 2023 calificó de inoperantes los conceptos de violación de la parte quejosa y negó la protección constitucional Luego de pasar por la ponencia del ministro Arturo Zaldívar fue turnado a la de la ministra Loretta Ortiz, tras la desaparición de las Salas, en septiembre de 2025 el nuevo presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, turnó el asunto de nuevo a la ministra.

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