Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió tres amparos directos promovidos contra una sentencia dictada por un juez respecto al caso de un contrato de prestación de servicios para la construcción de una planta tratadora de aguas residuales en Torreón, Coahuila.
Los proyectos de amparo directo 41/2025, 71/2025 y 72/2025 de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra manifestó que el problema jurídico consistía en determinar si conforme a lo pactado en el contrato de apertura de crédito resulta justificada la condena además si se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la Ley de Amparo al haber cesado los efectos de la sentencia reclamada por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) y el Ayuntamiento de Torreón.
El contrato data de noviembre de 1999 cuando una empresa y el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón (Simas) celebraron un contrato para la construcción de la planta, teniendo el segundo que gestionar una línea de crédito contingente para respaldar el pago a la empresa.
En el contrato se estableció la operación de fideicomisos para la administración y pago de los recursos, lo cual fue autorizado por el Congreso del Estado en noviembre del 2000.
Ese mismo mes, Simas celebró un contrato con Banobras cuyo crédito serviría como fuente de pago para cubrir los faltantes o la totalidad, según fuera el caso, de las obligaciones de pago de Simas por un monto de hasta 15 millones 433 mil pesos.
En junio de 2014, Banobras y Simas celebraron un convenio para modificar el contrato del crédito, donde se acordó la existencia de un adeudo por el Sistema de Aguas.

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Luego de un paro de labores de alrededor de tres horas se accedió a levantarlo tras acuerdos preliminaresEn marzo de 2015, Simas rescindió el contrato de prestación de servicios con la empresa de la planta tratadora, la cual promovió un juicio mercantil, el cual fue resuelto en enero 2020 donde se condenaba al Sistema a pagar casi 161 millones de pesos.
La fiduciaria del fideicomiso demandó a Banobras, Simas, el Ayuntamiento de Torreón y al gobierno de Coahuila a pagar. Requiriendo a la institución federal más de 78 millones de pesos.
En palabras de la autora, el primer proyecto propuso conceder el amparo a la parque quejosa para que se dicte una nueva sentencia donde se absuelva a Banobras y resuelva sobre el resto de las prestaciones demandadas.
Por otra parte, se propuso negar el amparo a la empresa contratista y las fiduciarias al no desvirtuar que no se actualizan las condiciones necesarias para exigir el pago a Banobras.

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Están convocados alrededor de mil 400 trabajadores y mientras empezaban a llegar se observaron pancartasLa ministra Herrerías Guerra manifestó que se señala como inviable abordar el fondo de los asuntos de los casos 71/2025 y 72/2025, ante lo resuelto en el amparo 41/2025, teniendo que realizarse un nuevo amparo directo a partir del contexto directo.
El ministro Giovanni Figueroa declaró que votaría en contra de las propuestas y señaló que en cumplimiento con el contrato se solicitó la autorización de contratar con Banobras un “crédito en cuenta corriente, irrevocable, contingente y revolvente habiendo una clara relación de interdependencia entre los contratos.
Herrerías Guerra dijo que era cierto que los contratos de servicios y apertura de créditos estaban relacionados, pero señaló que la disposición de los recursos de Banobras estaba condicionado al cumplimiento de lo pactado en el contrato de apertura.
La ministra Yasmín Esquivel planteó que la sentencia ya estaba firme, correspondiendo dejar firmes los temas ya analizados y determinados por el colegiado, alertando que los juicios se volverían “interminables”.
Con seis votos a favor y dos en contra se resolvió amparar y proteger a Banobras en contra de una sentencia reclamada y por mayoría sobreseer dos amparos promovidos por Simas y el Ayuntamiento de Torreón.
Suprema Corte protege a Banobras de pagar 78 mdp a fiduciaria por planta tratadora en Torreón