Suprema Corte quita facultad de la Fiscalía de Nuevo León para congelar cuentas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió una acción de inconstitucionalidad relacionada con la Fiscalía creada en Nuevo León para combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales, una reforma que había sido impugnada por legisladores locales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Integrantes del Congreso estatal argumentaban que la nueva institución afectaba la legalidad y la seguridad jurídica, mientras que la CNDH sostuvo que permitir a la Fiscalía congelar cuentas bancarias implicaba invadir facultades del Congreso de la Unión.
Al analizar la Acción de Inconstitucionalidad 58/2024 y su acumulada 67/2024, la Corte determinó que no hubo violaciones en el proceso legislativo y concluyó que el Congreso de Nuevo León sí tiene competencia para definir las atribuciones de la Fiscalía, por lo que esta parte fue declarada válida.
Sin embargo, el tribunal invalidó la norma que autorizaba el bloqueo de cuentas bancarias, al considerar que dicha medida corresponde al ámbito federal, con lo que la impugnación fue parcialmente fundada.
La ministra Sara Irene Herrerías llamó a precisar que las funciones del organismo deben limitarse exclusivamente a la investigación de hechos presumiblemente ilícitos dentro de su competencia.
Por su parte, la ministra Loretta Ortiz cuestionó la legalidad de algunos apartados, aunque avaló el resto de los reglamentos bajo el entendido de que solo establecen la existencia de una Fiscalía Especializada y sus atribuciones, sin impedir que el Ejecutivo mantenga o reorganice una Unidad de Inteligencia Financiera con funciones preventivas.
El ministro presidente Hugo Aguilar subrayó que en México opera un modelo mixto, donde en ocasiones intervienen autoridades hacendarias y en otras las fiscalías. No obstante, se manifestó en contra del Artículo 33 Bis y de otorgar facultades de investigación al nuevo órgano, al señalar que la Unidad de Inteligencia Financiera es la encargada de documentar los casos y solicitar posteriormente la acción penal.
