Suprema Corte resuelve contra Samuel García y valida creación de Fiscalía de delitos fiscales
Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió una acción de inconstitucionalidad y su acumulada en materia de una Fiscalía creada para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales, que para miembros del Congreso de Nuevo León afectaba la legalidad y seguridad jurídica respecto a la materia, reclamando así la reforma.
A su vez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos combatió la reforma al considerar que al ser sólo la Fiscalía la que podía congelar las cuentas bancarias se invadían funciones del Congreso de la Unión.
Al resolver la acción de Inconstitucionalidad 58/2024 y su acumulada 67/2024, la Corte determinó como infundado lo relativo a violaciones en el proceso legislativo y se considera que el Congreso local sí tiene competencia para precisar las facultades de la nueva Fiscalía.
Así también se propuso la invalidez de una de las normas reclamadas que ordena bloquear cuentas bancarias pues invade una facultad del Congreso de la Unión, reconociéndose parcialmente fundada.
La ministra Sara Irene Herrerías llamó a precisar las funciones de la Fiscalía a entenderse que deben entenderse únicamente en relación con la investigación de hechos presumiblemente ilícitos, que sean de su competencia.
La ministra Loretta Ortiz cuestionó la legalidad del contenido de parte de la ley, aunque determinó que el resto de reglamentos impugnados son válidas, bajo el entendido de que se limitan a prever la existencia de una Fiscalía Especializada y sus atribuciones sin impedir que el Ejecutivo conserve o reorganice una unidad administrativa de Inteligencia Financiera con funciones preventivas.
El ministro presidente Hugo Aguilar opinó que en México se tiene un modelo mixto, a veces las autoridades hacendarias y en otros las fiscalías. En este caso, se mostró en contra del Artículo 33 Bis y de la Fiscalía "Porque se le da facultades de investigación, cuando es la Unidad de Inteligencia Financiera la que tiene facultades de documentar y luego solicitar el ejercicio de la acción penal.
En su integridad se emitieron ocho votos a favor de la propuesta, con dos concurrentes; un voto en contra la ministra Lenia Batres, la ministra Ortiz votó en contra de una parte del proyecto y el ministro presidente en contra del análisis del Artículo 33 Bis.
Tal artículo se componía en su integridad así:
Artículo 33 Bis. La Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, es el órgano competente para investigar los hechos que presuman o presupongan en las personas un beneficio o incremento económico injustificable, que hayan participado en operaciones con recursos de procedencia ilícita o que incurran en alguno de los delitos comprendidos en el Código Fiscal del Estado.
La Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera será la única autoridad competente del Estado para generar, obtener, analizar y consolidar información financiera, fiscal y patrimonial de las personas físicas y morales, que conlleve a la investigación de hechos presumiblemente ilícitos que produzcan los efectos señalados en el párrafo anterior.
Para los efectos anteriores, será la única autoridad estatal facultada para inmovilizar cuentas o valores del sistema financiero, bajo las reglas previstas en la Constitución Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
