Suspenden transporte público tras enfrentamiento en Quechultenango, Guerrero
La suspensión del transporte público este viernes afectó las salidas de Chilpancingo hacia Tixtla, Chilapa, Mártir de Cuilapan y Atliaca, luego del enfrentamiento entre pobladores de Mochitlán y Quechultenango con soldados del Ejército y la Guardia Nacional.
Desde muy temprano, los sitios de urvan que salen de Chilpancingo hacia esos municipios permanecieron cerrados. Los espacios lucían casi vacíos, sin unidades ni choferes.
La falta de transporte también provocó la cancelación de la apertura de una exposición de artesanos de Mártir de Cuilapan, que se realizaría en el zócalo de Chilpancingo.
El jueves, durante casi cinco horas, pobladores de Mochitlán y Quechultenango retuvieron a 29 soldados del Ejército y la Guardia Nacional, además de agentes de la Policía Estatal.
Todo comenzó después del mediodía, cuando un grupo de pobladores detuvo a un convoy del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Después bloquearon la carretera que conecta a Quechultenango con Chilpancingo y cruza el municipio de Mochitlán.
Para cerrar el paso, atravesaron camiones repartidores, carros particulares, urvan del transporte público y maquinaria pesada. Los bloqueos comenzaron en Mochitlán.
De acuerdo con la información disponible, el objetivo de los pobladores era impedir que soldados y agentes llegaran a la cabecera municipal de Quechultenango. Poco después se desató el enfrentamiento. Los pobladores encapuchados, con palos, tubos y piedras, atacaron a los elementos de seguridad; luego quemaron patrullas de la Guardia Nacional y los retuvieron.
A los soldados y agentes los desarmaron y los metieron al comedor comunitario. El lugar quedó rodeado por pobladores, mientras otro convoy de militares y policías intentaba llegar a la cabecera municipal para rescatar a sus compañeros.
Con el avance del convoy del Ejército y la Policía Estatal, la tensión aumentó en la zona. Alrededor de las 4 de la tarde salió de Chilpancingo un convoy integrado por unas 50 patrullas del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal para rescatar a los retenidos.
Además, un helicóptero del Ejército sobrevoló toda esa zona.
El subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, aseguró que los militares y policías retenidos realizaban un recorrido de rutina y que no se trataba de una operación especial para detener a presuntos líderes de Los Ardillos.
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El 5 de septiembre fue hallado el cadáver desmembrado del soldado de la Guardia Nacional, Eduardo Bustos, sobre la comunidad de Plan de Lima, en el municipio de Juan R. Escudero. Tras ese hecho, se implementó una operación en ese municipio y en las comunidades de El Ocotito, en Chilpancingo, y Xaltianguis, en Acapulco, para detener a los responsables.
El cadáver del soldado estaba junto con otros tres más.
En esas operaciones ha detenido a unos 24 presuntos integrantes de Los Ardillos y al comisario de Xaltianguis, Said Sánchez Sandoval, acusado por el asesinato del soldado.
Quechultenango es señalado como bastión de Los Ardillos. De acuerdo con informes oficiales, esa organización mantiene vínculos con autoridades de Quechultenango y Mochitlán.
Alrededor de las 6 de la tarde, soldados y policías estatales lograron ingresar a la cabecera municipal y rescatar a sus 29 compañeros.
Este viernes, el alcalde de Quechultenango, el perredista David Astudillo Morales, afirmó que en el enfrentamiento murió un hombre y otras diez personas resultaron heridas. Detalló que los lesionados fueron trasladados al hospital general de Chilpancingo y de Chilapa, y que algunos están graves. También aseguró que los diez son pobladores.
El edil acusó al secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, de minimizar lo ocurrido el jueves.
En la conferencia mañanera, Trevilla Trejo afirmó que solo hubo dos pobladores heridos y tres soldados; a uno de ellos, según el general, le dieron un machetazo en la mano.
En la misma conferencia, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que en varias zonas de Guerrero las organizaciones criminales han establecido vínculos con la población.
Por su parte, el director del Centro de las Víctimas de la Violencia, Minerva Bello, el sacerdote, Filiberto Velázquez Florencio, contradijo a la presidenta. Afirmó que en Guerrero las organizaciones criminales no cuentan con bases sociales, porque la población que participa en bloqueos es amenazados.
