La baja participación ciudadana, de apenas 13.2%, provocó que el 86.8% de las boletas judiciales impresas fueran destruidas, generando un desperdicio de 672 millones 130 mil pesos, según la Auditoría Superior de la Federación.
La elección judicial de junio de 2025 no solo estuvo marcada por la baja asistencia a las urnas, sino también por una cadena de decisiones administrativas que hoy representan un fuerte impacto al erario.
De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2024 elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, las irregularidades en la impresión y adjudicación de boletas electorales, sumadas a una participación ciudadana de apenas 13.2% del padrón, provocaron que 672 millones 130 mil pesos terminaran literalmente en la basura.
Boletas de más y sin justificación
El reporte señala que el Instituto Nacional Electoral decidió imprimir 2 millones y medio de boletas adicionales respecto al número autorizado, sin presentar una justificación técnica que respaldara la decisión.
Según los cálculos oficiales, conforme a la lista nominal y al número de cargos en disputa, se requerían 599 millones 441 mil 874 papeletas, pero finalmente se imprimieron más de 602 millones.
El costo total destinado a esta producción ascendió a 775 millones 174 mil 800 pesos.
La ASF también cuestionó el procedimiento de adjudicación directa para la impresión de 600 millones de boletas, al advertir que existían propuestas más económicas por parte de otros proveedores.
En el informe se precisa:
“Adjudicaron el convenio específico a TGM, aun cuando existían ofertas económicas de otros proveedores menores, incumpliendo el Reglamento del INE”, señaló el reporte.
Sin estudio de mercado y con calendario alterado
La impresión fue asignada a Talleres Gráficos de México sin que el INE realizara un estudio de mercado previo, de acuerdo con la auditoría.
Además, la ASF observó que no se validó la necesidad de producir un número mayor al autorizado.
Otro punto relevante es el manejo presupuestal: el gasto fue etiquetado en el ejercicio fiscal 2024 y se reportó que las boletas fueron entregadas el 31 de diciembre de ese año; sin embargo, en los hechos, su producción y entrega ocurrieron hasta mayo de 2025.
El costo de la baja participación
La escasa asistencia a las urnas agravó el impacto financiero.
De los más de 600 millones de boletas impresas, únicamente se utilizaron 80 millones 22 mil 334, equivalentes al 13.2% del padrón electoral.
Esto significa que 86.8% de las papeletas tuvo que destruirse, como establece la legislación electoral.
El resultado: 672 millones 130 mil pesos desperdiciados.
Procedimientos administrativos en curso
Ante estas anomalías, la ASF instruyó a la Contraloría Interna del INE abrir cuatro procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria contra los funcionarios involucrados.
Las elecciones judiciales, realizadas con premura, reducción de casillas y en medio de denuncias sobre el uso de “acordeones” que indujeron el voto a favor de candidatos oficiales, ahora enfrentan también cuestionamientos por el manejo de recursos públicos.
Más allá de los resultados electorales, el informe pone sobre la mesa un debate inevitable: el costo financiero de una elección con mínima participación y decisiones administrativas bajo la lupa.
