Trabajadores de AHMSA piden al gobierno federal cubrir pasivo laboral de 210 millones de dólares
Los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) solicitaron al Gobierno federal que asuma el pago de un pasivo laboral estimado en 210 millones de dólares si fracasa la integración del consorcio interesado en adquirir la siderúrgica.
Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, A. C., quien viajó a la Ciudad de México para las gestiones, informó que la propuesta fue planteada ante la Secretaría del Trabajo y se expuso también ante una comisión del Senado.
El representante laboral explicó que durante las reuniones realizadas en la Ciudad de México no obtuvieron una respuesta definitiva a sus demandas, debido a que las autoridades requieren tiempo para analizar las propuestas.
Sin embargo, señaló que funcionarios de la Secretaría del Trabajo se comprometieron a acudir a la región Centro de Coahuila durante los primeros días de noviembre para informar sobre los planteamientos y las posibles alternativas.
AHMSA: trabajadores esperan que el consorcio concrete la compra en 90 días
Torres Ávalos señaló que la integración del consorcio representa, por ahora, la principal posibilidad para concretar la venta de AHMSA y avanzar hacia una solución al conflicto laboral.
Indicó que los trabajadores solicitaron a la jueza reducir el plazo para conformarlo, pero la autoridad judicial determinó conceder 90 días a petición de los interesados.
El presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA expresó su expectativa de que el grupo empresarial cumpla con su compromiso y concrete la adquisición dentro del periodo autorizado, sin solicitar nuevas prórrogas.
La incertidumbre persiste porque, después de casi cuatro años de conflicto, los trabajadores todavía no cuentan con una fecha definida para recibir los pagos laborales pendientes.
En la entrevista identificó a Cargill y Grupo Afirme como los interesados en integrar el consorcio que busca adquirir la siderúrgica.
Explicó que el tiempo concedido por la jueza deberá servir para formalizar esa asociación y avanzar hacia la compra, aunque advirtió que los trabajadores necesitan conocer qué ocurriría si la operación no se concreta.
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El dirigente laboral explicó que la petición dirigida al Gobierno federal contempla cubrir el pasivo laboral si la compra no se concreta y recuperar posteriormente esos recursos cuando la empresa sea vendida.
La propuesta busca establecer una salida para los trabajadores sin que el pago de sus derechos dependa exclusivamente del resultado del proceso de adquisición.
“Estamos pidiendo al Gobierno federal que se haga responsable del pasivo laboral y posteriormente que recupere lo que se nos haya pagado”, expuso Torres Ávalos al explicar el planteamiento.
Añadió que la solicitud se formula como una medida preventiva ante la posibilidad de que el consorcio no logre consolidarse dentro del plazo concedido.
El monto señalado por el entrevistado asciende a 210 millones de dólares, calculados para cubrir las obligaciones laborales conforme a la ley.
La propuesta plantea que los trabajadores reciban los pagos correspondientes, mientras el Gobierno federal tendría la posibilidad de recuperar el dinero con los recursos derivados de la futura venta de AHMSA.
Secretaría del Trabajo informará sobre las propuestas en noviembre
Torres Ávalos indicó que la reunión con la Secretaría del Trabajo, inicialmente prevista para el lunes, fue reprogramada y finalmente se realizó el martes.
Un día después, los trabajadores se reunieron con integrantes de una comisión del Senado para informarles sobre los planteamientos presentados y solicitar respaldo a sus demandas.
Aunque no hubo compromisos de solución inmediata, el representante consideró necesario que las autoridades conozcan tanto la expectativa de compra como la alternativa para garantizar el pago laboral.
Los trabajadores esperan recibir información durante los primeros días de noviembre y que el Gobierno federal defina qué medidas tomaría si el consorcio no concreta la operación.
La demanda ocurre en un contexto de incertidumbre para los trabajadores y sus familias, afectados por la prolongada crisis de AHMSA.
Para ellos, el plazo de 90 días representa una nueva oportunidad para concretar la venta, pero también la necesidad de contar con una respuesta institucional que permita resolver el adeudo laboral si la operación vuelve a fracasar.
