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Transportistas realizan paro nacional por extorsiones policiales y robos en carreteras

Abogado de Monclova señala que operadores enfrentan cobros de hasta 15 mil pesos y exige mayor vigilancia policial y seguridad en vías del país

Transportistas realizan paro nacional por extorsiones policiales y robos en carreteras

Transportistas realizan paro nacional por extorsiones policiales y robos en carreteras

SERGIO A. RODRÍGUEZ
SERGIO A. RODRÍGUEZ

El hartazgo por las extorsiones policiales, los robos de unidades y la inseguridad carretera llevó a los transportistas de carga a realizar el paro nacional, que posteriormente levantaron para iniciar conversaciones con el Gobierno Federal.

Miguel Ángel Reyna Adam, vocero del Foro de Abogados de Monclova, señaló que los operadores y propietarios de camiones llegaron al límite ante los constantes abusos que enfrentan en distintas entidades del país.

El abogado explicó que las movilizaciones respondieron a una problemática acumulada durante años, principalmente por las exigencias económicas de algunos policías municipales y estatales.

A esto se suman los asaltos, agresiones y robos de tractocamiones en diferentes carreteras del territorio nacional, situaciones que requieren una intervención más efectiva de las autoridades federales para garantizar la seguridad del transporte de mercancías.

Hartazgo de transportistas exige mayor seguridad carretera

Reyna Adam explicó que los conductores enfrentan situaciones donde agentes policiales les atribuyen infracciones inexistentes y posteriormente les exigen cantidades de entre 10 mil y 15 mil pesos.

Cuando los operadores argumentan que solamente cuentan con recursos limitados para sus viáticos, los elementos les ordenan comunicarse con sus patrones para conseguir el dinero y poder continuar su recorrido.

Estas intervenciones, afirmó, provocan que los camiones permanezcan detenidos durante media hora o hasta una hora, mientras los propietarios realizan las transferencias solicitadas.

También existen casos donde los conductores son amenazados con acusaciones de cohecho, el aseguramiento de sus unidades y la presentación ante el Ministerio Público, lo que genera mayores complicaciones para las empresas transportistas.

El representante del Foro de Abogados sostuvo que el problema alcanza dimensiones nacionales y no corresponde exclusivamente a una entidad federativa.

Por ello, consideró que el Gobierno Federal debe reforzar la vigilancia carretera, especialmente en aquellas regiones donde los operadores denuncian robos de tractocamiones, despojo de mercancías y agresiones físicas cometidas durante sus recorridos.

Advirtió que en algunas carreteras del sur del país los delincuentes interceptan las unidades, golpean a sus conductores y se apoderan de los vehículos con sus respectivas cargas.

Esta situación, aunada a los abusos atribuidos a determinados elementos policiales, terminó por agotar la tolerancia de propietarios y choferes, quienes recurrieron a la protesta nacional para exigir soluciones.

Como antecedente, el paro comenzó el lunes 26 de octubre y fue suspendido al día siguiente tras un acuerdo entre organizaciones transportistas y la Secretaría de Gobernación.

Las partes establecieron mesas de trabajo para revisar seguridad carretera, infraestructura, asuntos fiscales, seguridad social y condiciones laborales, bajo el compromiso de mantener el diálogo institucional y retirar los bloqueos.

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La Segob detalló que, por medio de la Subsecretaría de Gobernación y la Unidad de Gobierno, coordinará y dará acompañamiento a estas reuniones

Reconoce seguridad de Coahuila, pero pide vigilar a policías

En el ámbito estatal, Reyna Adam reconoció el trabajo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para mantener a Coahuila como una de las entidades más seguras del país.

Destacó que los resultados de su administración en esta materia tienen reconocimiento nacional, aunque consideró necesario fortalecer la supervisión de los cuerpos policiales para evitar que determinados elementos extorsionen a los operadores del transporte de carga.

Señaló que durante sus recorridos por Monclova, Saltillo y otras carreteras de Coahuila observa frecuentemente unidades de carga detenidas por policías municipales y estatales.

Por ello, pidió investigar las intervenciones que derivan en denuncias por presuntos cobros indebidos, amenazas de aseguramiento de vehículos y exigencias económicas que pueden alcanzar entre 10 mil y 15 mil pesos.

El abogado recordó que años atrás los paisanos que viajaban desde Estados Unidos advertían sobre los abusos policiales que podían enfrentar al atravesar Coahuila.

Reconoció que las condiciones cambiaron favorablemente, pero sostuvo que las autoridades deben impedir que las conductas de algunos elementos afecten nuevamente la imagen de seguridad que actualmente proyecta la entidad.

“¿De qué sirve que lo tengamos como el estado más seguro si es el que más extorsiona?”, cuestionó Reyna Adam al insistir en la necesidad de combatir estas prácticas.

 Aclaró que sus señalamientos no involucran a todos los policías, sino a grupos específicos que deben ser investigados y separados de sus cargos cuando se acredite su responsabilidad.

Finalmente, pidió al gobernador mantener una vigilancia permanente sobre las corporaciones estatales y municipales, mientras el Gobierno Federal atiende los robos y agresiones contra transportistas en otras regiones.

Consideró que la seguridad carretera debe garantizar tanto la protección frente a la delincuencia como el respeto a los derechos de los operadores durante las intervenciones de las autoridades.

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