La Unidad de Inteligencia Financiera mantiene bajo reserva los nombres de sus funcionarios y datos que permitan identificarlos hasta mayo de 2029.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene reservados los nombres de sus funcionarios hasta el 31 de mayo de 2029, con posibilidad de ampliar la medida por cinco años más, bajo el argumento de protegerlos de sobornos, extorsiones, amenazas y posibles atentados.
La clasificación también alcanza cualquier dato que permita identificar al personal de la dependencia y, como consecuencia, sus declaraciones patrimoniales permanecen fuera del alcance público.
La decisión fue tomada en mayo de 2024, después de que un particular solicitara a la UIF conocer los nombres de los funcionarios que integraban la institución.
La dependencia respondió que revelar esa información podría poner en riesgo la seguridad e incluso la vida de los servidores públicos que participan en investigaciones relacionadas con operaciones financieras irregulares.
“Cualquier dato que pueda hacer identificable al personal adscrito a la UIF se considera información reservada, toda vez que el dar a conocer dicha información pondría en riesgo la seguridad, incluso la vida de una persona física”.
¿Por qué la UIF oculta los nombres de sus funcionarios?
Entre los argumentos utilizados por la UIF para mantener la información bajo reserva está el riesgo de que personas investigadas por posibles delitos financieros intenten localizar a los funcionarios para obtener información privilegiada sobre las indagatorias.
La dependencia también sostiene que hacer públicos sus nombres podría afectar las acciones de prevención de delitos, ya que los servidores públicos podrían ser presionados o forzados a revelar información sobre investigaciones, métodos y procedimientos.
“Con la difusión de la información solicitada se pondría en riesgo la seguridad, la salud e, incluso, la vida de los servidores públicos que laboran en la Unidad de Inteligencia Financiera”.
La UIF agregó que su personal tiene acceso a información relacionada con la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, por lo que consideró necesario mantener protegida su identidad.
Funcionarios de la UIF responden con siglas
La reserva también se refleja en las respuestas que la propia UIF entrega a solicitudes de información mediante los mecanismos de transparencia.
Los documentos no incluyen los nombres completos de los funcionarios que elaboran, revisan o autorizan las respuestas. En su lugar, aparecen únicamente las siglas de sus nombres y apellidos.
La medida incluye a personal directivo y otros trabajadores que participan en la atención de solicitudes de información.
La UIF sostiene que incluso los datos de contacto deben mantenerse reservados, debido a que podrían permitir identificar a quienes trabajan en la institución.
Reserva podría extenderse hasta 10 años
La clasificación establecida en mayo de 2024 contempla inicialmente cinco años de reserva, periodo que concluirá el 31 de mayo de 2029.
Sin embargo, la UIF advierte que la medida podría prorrogarse por otros cinco años, de acuerdo con las circunstancias que existan cuando concluya el plazo inicial. La legislación de transparencia contempla la posibilidad de ampliar excepcionalmente los periodos de reserva cuando subsistan las causas que dieron origen a la clasificación.
De concretarse una ampliación, la reserva podría mantenerse hasta mayo de 2034.
La UIF argumentó que el plazo inicial de cinco años es adecuado para salvaguardar la integridad de los servidores públicos que realizan labores de prevención de delitos financieros.
Caso relacionado con investigaciones en Sinaloa
La clasificación continúa aplicándose en solicitudes de información recientes.
En junio de 2026, un particular pidió conocer el número de renuncias, bajas o separaciones de funcionarios de la UIF ocurridas entre el 1 y el 18 de mayo, relacionadas con la elaboración de dictámenes vinculados con funcionarios de Sinaloa investigados públicamente, entre ellos el exgobernador Rubén Rocha Moya.
En la respuesta, el director general de Asuntos Normativos e Internacionales de la UIF indicó que no había localizado la información solicitada, pero su nombre no fue revelado debido a la reserva vigente.
El documento señala:
“El nombre del servidor público adscrito a la UIF se encuentra reservado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al contenido del oficio D.E-UIF-140/2024, de fecha 31 de mayo de 2024”.
La reserva de los nombres forma parte de una política que también ha sido utilizada por otras dependencias federales para proteger la identidad de servidores públicos bajo determinados supuestos de seguridad.
