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Un amparo podría abrir la puerta al pago total de créditos laborales de trabajadores de AHMSA

Una demanda constitucional podría cuestionar las reglas de prelación de la Ley de Concursos Mercantiles para que más de 14 mil obreros recuperen sus indemnizaciones

Un amparo podría abrir la puerta al pago total de créditos laborales de trabajadores de AHMSA

Un amparo podría abrir la puerta al pago total de créditos laborales de trabajadores de AHMSA

SERGIO RODRÍGUEZ

Un solo amparo podría abrir una nueva batalla jurídica para que los más de 14 mil trabajadores de Altos Hornos de México y Minera del Norte busquen recibir el 100 por ciento de sus créditos laborales dentro del concurso mercantil de ambas empresas declaradas en quiebra.

La posibilidad fue planteada por Héctor Manuel Garza Martínez, CEO de Ónix Legal Services y representante legal de diversos acreedores y trabajadores de AHMSA, quien explicó que todavía existe una alternativa constitucional para cuestionar el tratamiento que la Ley de Concursos Mercantiles otorga a determinados créditos laborales.

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De acuerdo con el abogado, los artículos 224 y 225 de dicha legislación establecen las reglas de prelación para los créditos laborales, situación que podría limitar la posibilidad de que los trabajadores recuperen la totalidad de indemnizaciones, salarios y prestaciones que les corresponden.

Garza Martínez sostuvo que el escenario podría modificarse cuando el juzgado determine de manera definitiva qué parte de los créditos laborales tendrá carácter preferente y cuál deberá recibir un tratamiento distinto dentro del procedimiento concursal.

A partir de esa determinación, explicó, podría existir la posibilidad de promover un amparo indirecto para cuestionar la constitucionalidad de las disposiciones aplicadas y buscar una protección más amplia para los trabajadores.

Defensoría Pública representa a trabajadores

El representante legal destacó que los trabajadores no se encuentran jurídicamente solos, debido a que el propio Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles designó abogados del Instituto Federal de Defensoría Pública para representar colectivamente sus intereses.

Según el entrevistado, el acuerdo fechado el 10 de julio de 2026 establece que dicha representación social constituye una medida necesaria para reforzar la protección constitucional y los derechos humanos de los trabajadores de AHMSA y Minera del Norte.

Los abogados designados son Diana Carolina Fregoso Rojo e Ignacio Miñón Ramírez, quienes tendrían la posibilidad de analizar la procedencia de una acción constitucional cuando llegue el momento procesal correspondiente.

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Garza Martínez consideró que una demanda de amparo promovida en representación colectiva podría generar una discusión constitucional de gran alcance, debido a que involucraría los derechos patrimoniales de miles de trabajadores afectados por la crisis financiera de AHMSA.

Entre los argumentos que podrían analizarse se encuentran la protección del mínimo vital, la protección de la familia, el principio pro persona y la especial protección constitucional que corresponde a los trabajadores.

Buscan priorizar créditos laborales

El abogado planteó como cuestionamiento central si resulta constitucional que, ante una crisis económica que los trabajadores no provocaron, una parte de sus indemnizaciones y prestaciones quede limitada frente a créditos garantizados de grandes instituciones y empresas.

Mencionó entre los acreedores con créditos garantizados a Cargill y Pemex, para contrastar la situación jurídica que enfrentan estos acreedores con la protección que buscan los trabajadores de las empresas siderúrgicas.

Sin embargo, aclaró que la eventual promoción de un amparo no significa que exista una garantía de obtener una resolución favorable, sino que representa una posibilidad jurídica que todavía puede ser explorada dentro del concurso mercantil.

Señaló que, en caso de prosperar una estrategia constitucional, podría generarse un precedente favorable para defender el patrimonio de miles de trabajadores y sus familias ante la distribución de los recursos obtenidos dentro del procedimiento concursal.

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Tras haber destinado más de 29 millones de pesos a nómina, servicios básicos y gastos operativos esenciales de su concurso mercantil

Garza Martínez indicó que Ónix Legal Services mantiene su disposición para incorporar esta hipótesis dentro de una estrategia jurídica de defensa de los trabajadores, aunque reconoció que la representación colectiva conferida por el juzgado corresponde actualmente a los abogados designados por el Instituto Federal de Defensoría Pública.

Por ello, consideró fundamental que los representantes jurídicos de los trabajadores estudien esta alternativa y determinen, cuando procesalmente sea posible, si existen elementos suficientes para presentar una demanda de amparo colectivo.

El abogado insistió en que el procedimiento de AHMSA y Minera del Norte todavía tiene una historia jurídica pendiente y que, mientras no concluyan las etapas correspondientes, existen mecanismos legales que pueden ser analizados para proteger los derechos de los trabajadores.

La propuesta cobra relevancia debido a que el concurso mercantil involucra a miles de trabajadores y acreedores, por lo que cualquier determinación sobre la prelación y pago de créditos tendrá efectos directos sobre los recursos que finalmente puedan recibir las familias de los trabajadores.

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