Ramírez Cuéllar denunció que detrás del huachicol fiscal y de la facturación falsa se ha formado “una casta de políticos criminales y empresarios que han actuado con impunidad y que le hacen mucho daño al país”
El robo de combustibles y la facturación falsa han provocado un desfalco al erario público cercano a un billón de pesos anuales, debilitando las finanzas del país y alimentando redes de corrupción que involucran a empresarios, políticos y funcionarios, advirtió el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar.
“Ya no solo estamos hablando de quienes introducen diésel o gasolina de contrabando por las aduanas, sino también de los compradores: gasolineras, mineras, cadenas de transporte y hasta quienes ejecutan obra pública”, subrayó el legislador.
La estrategia contempla fortalecer la extinción de dominio y responsabilizar tanto a quienes contrabandean como a quienes adquieren el combustible ilegal.
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Ramírez Cuéllar denunció que detrás del huachicol fiscal y de la facturación falsa se ha formado “una casta de políticos criminales y empresarios que han actuado con impunidad y que le hacen mucho daño al país”. Recordó que incluso sectores de la construcción han sido víctimas de extorsiones millonarias por movilizar combustibles hacia obras, con la participación de funcionarios federales, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional.
En regiones como La Laguna, Durango y Coahuila, empresarios de la construcción han denunciado cobros de piso que van de 100 mil a un millón de pesos por transportar diésel hacia obras en ejecución. El diputado reconoció que estas prácticas deben ser contempladas en la reforma para evitar que afecten la actividad económica de pequeñas y medianas empresas.
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La proliferación de gasolineras en zonas sin población, las “cachimbas” que venden combustible en carreteras y la red de factureros que operan con total libertad son, según el legislador, síntomas de un sistema que se ha degradado por décadas.
Morena, recordó, nació con la bandera de regenerar la vida nacional y ahora busca radicalizar las medidas contra la corrupción.
“El país no puede continuar debilitando sus instituciones. Vamos por el combate directo a la facturación falsa y al huachicol fiscal. Esta práctica ya es común en todo México y se tiene que acabar”, concluyó Ramírez Cuéllar.
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