Una Corte circense

Como si se tratara de una feria de pueblo, como si fuera una ocurrencia que hace gracia, la Suprema Corte del Acordeón tomó la decisión de salir de su recinto para ir a vacacionar o de paseo nada menos que al estado de Chiapas.

Las razones no quedan del todo claras para el resto de la ciudadanía que, a menos de algunas semanas del terror desatado un día domingo en territorio nacional, no puede ver más que con extrañeza a los llamados ministros llegando vestidos a la usanza de los indígenas chamulas y portando bastones de mando con empuñadura de plata.

Lo que sí es que la autodenominada “Corte del pueblo”, que no hace un mes recibía millonarias camionetas de lujo, suscitando escándalo y serios cuestionamientos, ahora emprendía lo que ellos mismos han venido a vender como “una sesión histórica” en Tenejapa, Chiapas, la primera fuera de la Ciudad de México en 205 años de vida independiente del país.

A dicho evento sólo acudieron seis de los nueve ministros a bordo de camionetas de lujo muy similares a las que se autoadjudicaron entre críticas hace menos de un mes, abriéndose paso entre miembros de las comunidades tzeltales y tzotziles.

“La nueva Suprema Corte ha tomado la decisión de traer la justicia al territorio. Que ustedes vean que somos de carne y hueso, que pertenecemos al pueblo, quienes hacemos justicia”, intentó presumir el ministro Hugo Aguilar Ortiz al inicio de la asamblea que se improvisó en el interior de una enorme carpa, al más puro estilo circense.

Secundando a Aguilar, los otros integrantes controversiales de la llamada Corte exaltaron haber realizado una travesía —que nadie les pidió— de casi mil kilómetros de distancia para encabezar la primera sesión itinerante, como si la hubieran hecho a pie o peregrinando de rodillas en vez de en avión y automóviles de lujo.

“Esto es justicia cercana, es la primera vez que sesionamos, desde Benito Juárez, en una comunidad indígena”, exclamó Loretta Ortiz evocando un pasaje antihistórico sólo existente entre su imaginación y el catecismo de Elba Esther Gordillo, antes de presentar un primer proyecto, mientras la no menos controversial Lenia Batres presumía que la sesión ahí era voluntaria y no porque sus integrantes estuvieran perseguidos “como ocurrió en el siglo XIX”, inventando nuevos pasajes histriónicos más propios de los libros de la SEP. Pasaron dos horas y media, y la sesión sirvió para desahogar únicamente dos asuntos: uno a favor de la comunidad

La Candelaria, que acusó que en Chiapas no existen leyes para reconocer su derecho a la libre determinación, autonomía y gobierno; segundo, para declarar constitucional a la charrería como patrimonio cultural intangible de Hidalgo. Al finalizar, los ministros caminaron hacia sus vehículos de lujo para retirarse.

Cabe recordar que en cuanto a la primera exigencia, estas leyes ya existían y no eran en absoluto novedosas, pues se remontan nada menos que a la época del Virreinato de la Nueva España con su sistema de “repúblicas de indios” dotadas de autogobierno, cabildo propio y privilegios por encima incluso de los súbditos españoles del Reino de Aragón —como derechos de aguas y de tierras—, teniendo como garante al virrey en la capital y al Real Consejo de Indias, en donde existían magistradostitulados en Leyes o togados por el rey para defender los derechos de los nativos ante cualquier tipo de querella judicial o controversia que les afectara.

Ahora, esta iniciativa se presenta ante el resto de los mexicanos como una ley racista que nos divide étnicamente entre ciudadanos de primera —a los que se mima con privilegios, no con igualdad— y de quinta, que somos los que pagaremos igualitariamente de nuestro bolsillo por estas ocurrencias, muy alejadas del ideario de Morelos o Iturbide en que la única diferencia permitida entre mexicanos, ante la ley, fuera en lo sucesivo el mérito o la virtud individual.

enrique.sada@hotmail.com