Vecinos de La Unión y El Ranchito bloquean vialidad; exigen destitución de comisariada ejidal
La inconformidad por presuntas irregularidades en el manejo de terrenos ejidales y las condiciones en que se encuentra el panteón llevó a vecinos de los ejidos La Unión y El Ranchito, en Torreón, a bloquear varias vialidades la noche de este miércoles, para exigir la destitución de la comisariada Aristea Muñoz.
La manifestación comenzó alrededor de las 17:30 horas en el cruce del bulevar Centenario y la calzada Escuadrón 201, donde los inconformes se congregaron con pancartas en las que expresaron su rechazo a la representante ejidal. La protesta se prolongó hasta la noche y provocó afectaciones a la circulación en el sector.
Debido al cierre de las arterias, agentes de Tránsito y Vialidad comenzaron a desviar el tráfico para evitar mayores complicaciones entre los automovilistas, mientras elementos de la Policía Municipal y Estatal permanecieron en la zona para resguardar el área.
Señalamientos contra la comisariada
Uno de los manifestantes explicó que la principal exigencia de los habitantes es que Aristea Muñoz deje el cargo, pues la acusan de no atender las necesidades de la comunidad y de presuntamente apropiarse de propiedades para venderlas.
“Ya estamos hartos”
expresó el vecino, quien señaló que entre las inconformidades se encuentra el estado del camino que conduce al panteón, por el cual, aseguró, se cobran 50 pesos, pese a que las condiciones dificultan el acceso.
El entrevistado manifestó que la situación se vuelve especialmente complicada durante las fechas en que las familias acuden a visitar a sus difuntos, debido a que, según su testimonio, el camino se encuentra en malas condiciones y resulta difícil ingresar al camposanto.
Asimismo, señaló que los habitantes consideran que la comisariada no ha atendido las necesidades del ejido y que, desde su perspectiva, las acciones de la representación se han concentrado en el cobro de cuotas sin que se reflejen mejoras para la población.
Además de las deficiencias en el acceso al panteón, los manifestantes señalaron presuntas irregularidades relacionadas con terrenos y propiedades de la comunidad.
El vecino afirmó que existen personas que han vivido durante años en determinados predios, aunque no cuentan con títulos de propiedad, y acusó a la comisariada de presuntamente apropiarse de algunas viviendas mediante procedimientos que, dijo, desconocen.
Como ejemplo, mencionó una cancha conocida por los habitantes como “el Barrio Negro”, que, según relató, anteriormente era utilizada por jóvenes para jugar durante las noches. Sin embargo, aseguró que el espacio fue vendido.
Ante estas situaciones, los inconformes insistieron en que buscan la destitución de Aristea Muñoz, al considerar que su permanencia en el cargo no ha representado beneficios para la comunidad.
Intervención municipal y canalización del conflicto
Al lugar también acudió Cristian López, director de Atención Ciudadana del Municipio de Torreón, quien explicó que la intervención municipal consistía en acompañar la manifestación y garantizar que los participantes pudieran ejercer su derecho a expresarse libremente.
El funcionario precisó que las inconformidades relacionadas con el funcionamiento interno del ejido y la posesión de terrenos corresponden a las autoridades agrarias, por lo que el Ayuntamiento no tiene competencia directa para resolver el conflicto.
López indicó que se ofreció a los manifestantes acompañamiento para canalizar sus planteamientos ante las instancias correspondientes, entre ellas la Presidencia del Tribunal Agrario, el Registro Agrario Nacional (RAN) y la Procuraduría Agraria. Sin embargo, señaló que hasta ese momento no habían recibido respuesta de los inconformes sobre la propuesta.
Respecto al despliegue de elementos de seguridad y vialidad, explicó que su presencia tenía como finalidad proteger tanto a los manifestantes como a los automovilistas, ante las posibles confrontaciones que pudieran surgir por las afectaciones al tránsito.
El director reiteró que el Gobierno municipal respeta el derecho a la libre manifestación y que, en caso de ser requerido por las autoridades agrarias, podría brindar acompañamiento a los habitantes para dar seguimiento a sus inconformidades.
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