Además del registro telefónico forzado en el que la poca parte de la población que lo aceptó se ha quejado de mayores intentos de extorsión telefónica y ofrecimientos de Universidades dudosas, otra sombra se cierne sobre el país con la última ocurrencia perniciosa es el llamado “derecho de audiencias” Pese a señalamientos de expertos en comunicaciones y de esta industria, Claudia Sheinbaum rechazó que los lineamientos sobre derechos de las audiencias tengan como objetivo censurar a los medios de comunicación: “Es absolutamente falso que el objetivo del Gobierno sea censurar. Es garantizar los derechos de las audiencias”; algo que no le compete a ningún Gobierno y que nadie—ni siquiera Trump—ha pedido.
Señaló que los lineamientos todavía no son definitivos, pues se encuentran en consulta pública hasta el 21 de agosto con concesionarios, organizaciones y ciudadanos.
Sin embargo, la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) advirtió que el proyecto contiene disposiciones tan ambiguas que permitirían al Gobierno definir a capricho qué información es “falsa” o “descontextualizada”, además de revisar las decisiones de las defensorías, sin olvidar que significaría otra violación a la Constitución mexicana que en el Artículo 7 garantiza la Libertad de difusión de opiniones, información e ideas por cualquiermedio, prohibiendo la censura previa y el bloqueo indirecto de herramientas informativas.
Sheinbaum sostuvo que las personas defensoras no funcionarán como filtros editoriales, sino como instancias para que las audiencias presenten inconformidades sobre la información difundida. No obstante, reconoció que el régimen de sanciones constituye el aspecto más polémico de los lineamientos, razón por lo que fue sometido a consulta.
De hecho, contrario a lo que afirmaba Sheinbaum sobre que esta iniciativa la había hecho junto con los miembros de la CIRT, la misma Cámara la desmintió y expuso que la amenaza demultas del 1% de los ingresos anuales acumulados de cada concesionario y/o programador son excesivas y que son sanciones al margen de la ley.
De los 180 países del rankingMundial de la Libertad de Prensa,México se ubica en la posición 122, y los lineamientos generales que buscan regular noticias y opiniones con el pretexto de garantizar los “Derechos de las Audiencias” colocarán a México junto a países autocráticos como Irán, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Sudán, Malasia y Tailandia, advirtió Leopoldo Maldonado, experto en telecomunicaciones y Director regional de Artículo 19.
El activista, quien el 8 de julio fue designado Relator Especial sobre la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU, consideró que detrás de la supuesta intención de defender los derechos de las audiencias se esconde una voluntad censora: “Bajo pretextos de combate al terrorismo, combate a la desinformación, protección incluso de las infancias, bajo planteamientos que buscan objetivos legítimos, se terminan instrumentalizando para censurar. Tenemos el caso de Venezuela, Nicaragua, Cuba, pero también en Sudán, también en Malasia, también en Tailandia.
Es decir, nuestros referentes con legislaciones o marcos regulatorios similares no son democráticos y han sido más bien utilizados bajo un objetivo que puede resultar legítimo, pero con intenciones censoras”.
Añadió que el anteproyecto mostrado por Sheinbaum es la acción más reciente de presión a la libertad de prensa y hostilización contra medios de comunicación y periodistas, que empezó con López Obrador: “Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se han venido haciendo esfuerzos de supuesto ‘fact checking’ que han terminado muy mal. Recordemos el Quién es quién en las mentiras, Infodemia y ahora esta sección de Derecho de réplica”.
Afirma Maldonado que lo que los Gobiernos de la llamada Cuarta Transformación han pretendido hacer es convertirse en tribunal de la verdad y juzgar qué es, desde su perspectiva, información veraz y objetiva, vulnerando así el derecho de las audiencias a contar con información plural, cierta y objetiva: “Y ahí surge la duda: ¿Quién va a definir cuándo la información es falsa, ¿cuándo la información está no verificada? Pues va a ser el propio Gobierno federal”.
El problema radica en que cuando el Gobierno miente no hay consecuencias, por lo que si algún órgano o entidad queda en automático descalificado para decidir que es la verdad y que no, es el Gobierno mismo.
