CORNELL NO ESTÁ LEJOS DE NOSOTROS
Cuando una mujer denuncia violencia, la verdadera prueba no es solamente para quien presuntamente la agredió. También lo es para las instituciones que reciben su denuncia.
Hay historias que suceden lejos y, sin embargo, hablan directamente de nosotros. El caso que hoy sacude a la Universidad de Cornell, en Nueva York, es una de ellas.
En octubre de 2024, una estudiante denunció haber sido víctima de una agresión sexual en una casa de la fraternidad Chi Phi. Dos años después, una demanda civil presentada por la joven volvió a colocar el caso en el centro de la discusión pública. La investigación criminal fue reabierta y la gobernadora de Nueva York designó a la fiscal general Letitia James como fiscal especial.
La investigación está en curso y existen personas señaladas que niegan haber cometido delitos. Por eso, es importante decirlo con absoluta claridad: una denuncia no equivale a una condena y la presunción de inocencia debe permanecer intacta. Pero defender el debido proceso no significa cuestionar el derecho de una mujer a ser escuchada.
Y aquí comienza la conversación que realmente me interesa. Porque el caso Cornell no debería obligarnos únicamente a preguntarnos qué ocurrió aquella noche. Debería obligarnos a preguntar: ¿Qué sucede después de que una mujer dice: "me hicieron daño"?
Durante demasiado tiempo, la violencia sexual ha sido acompañada de una segunda violencia: la sospecha.
"¿Había tomado?", "¿Por qué fue a esa fiesta?", "¿Por qué estaba con ellos?", "¿Por qué no se fue?", "¿Por qué no gritó?", "¿Por qué tardó tanto en denunciar?". Son preguntas que hemos aprendido a hacer casi automáticamente.
Pero hay otras que deberíamos hacer con la misma insistencia: ¿Hubo consentimiento?, ¿La persona estaba en condiciones de otorgarlo?, ¿Qué hicieron quienes estaban presentes?, ¿Qué hizo la institución cuando se enteró?
¿La investigación fue imparcial, diligente y completa?, ¿Se protegió a quien denunció? La diferencia parece pequeña.
No lo es. En las primeras preguntas, el comportamiento de la mujer se convierte en el centro de la investigación.
En las segundas, colocamos la responsabilidad donde corresponde: en los hechos, en los presuntos agresores y en las instituciones responsables de investigar.
Lo que ha generado una parte importante de la indignación en Cornell es precisamente la respuesta institucional. De acuerdo con información publicada en los últimos días, la policía universitaria entregó a la fiscalía un informe que no habría incluido elementos relevantes de la declaración de la estudiante. La fiscalía local inicialmente decidió no presentar cargos por considerar que no existía evidencia suficiente. Posteriormente, ante nueva información y la presión generada por el caso, la investigación fue reabierta.
Esto nos deja una pregunta incómoda: ¿Puede una institución investigar adecuadamente una denuncia de violencia cuando al mismo tiempo tiene interés en proteger su propia reputación? No es una pregunta exclusiva para Cornell. Es una pregunta para universidades. Para escuelas. Para empresas. Para gobiernos. Para organizaciones deportivas. Para hospitales. Para cualquier institución que tenga que recibir una denuncia de violencia contra una mujer.
Porque existe una tentación muy humana y muy peligrosa: resolver el problema sin resolver el problema.
Cerrar el expediente, mover a una persona, suspender temporalmente, cambiarla de área, emitir un comunicado, pedir discreción o hablar internamente, y esperar que el ruido desaparezca. Pero una institución no cumple con su responsabilidad simplemente porque administrativamente hizo algo. Tiene que preguntarse si hizo lo correcto.
Y aquí es donde Cornell deja de estar a miles de kilómetros de distancia. En Torreón, los datos de los Centros de Justicia para las Mujeres muestran que durante 2024 se atendieron miles de expedientes y que la violencia sexual representó una proporción de los casos registrados. Los datos oficiales también muestran que las mujeres llegan a estas instituciones después de experimentar diferentes formas y ámbitos de violencia. No necesitamos esperar a que un caso se vuelva viral para hablar de esto, ni una universidad de la Ivy League, ni siete acusados, tampoco titulares internacionales, la violencia contra las mujeres existe aquí. Y también existe la pregunta sobre cómo respondemos frente a ella.
Yo cuestionaría las estructuras que históricamente han hecho más difícil para las mujeres denunciar, ser escuchadas y acceder a justicia. Y eso incluye reconocer algo fundamental: una mujer no tiene que comportarse como imaginamos que se comporta una "víctima perfecta" para que su denuncia merezca ser investigada. Pudo haber bebido, conocer al agresor, acudido voluntariamente a un lugar, haberse quedado paralizada, tardar en comprender lo ocurrido, sentir vergüenza, puede retractarse y después volver a denunciar; puede tardar días, meses o años en hablar. Nada de eso permite, por sí mismo, concluir que existió consentimiento. El consentimiento no es la ausencia de un "no", requiere libertad, capacidad y voluntad. Y una de las conversaciones que todavía nos cuesta tener -especialmente con los jóvenes- es que estar presente no significa consentir; haber consentido algo antes no significa consentirlo todo; y estar intoxicada no convierte a una persona en responsable de que otros crucen sus límites.
Pero hay algo más, la responsabilidad tampoco termina en quien presuntamente comete la agresión. También debemos hablar de quienes estaban alrededor, de los amigos que ven, de los compañeros que escuchan, de quienes sospechan, de quienes reciben un mensaje, de quien sabe que algo está mal y decide no intervenir. Y, especialmente, de quienes tienen autoridad. Porque una cultura de violencia no se sostiene únicamente por quienes agreden, también puede sostenerse por quienes callan, minimizan, por quienes prefieren no involucrarse y por quienes dicen "no sabemos qué pasó" y utilizan esa frase no para investigar, sino para no hacer nada.
¿Qué estamos haciendo para que las mujeres puedan denunciar?, una institución verdaderamente segura no es aquella en la que nunca se presenta una denuncia, es aquella en la que una persona puede denunciar sin miedo a ser revictimizada, sin miedo a perder su trabajo, a ser señalada, a que su vida privada se convierta en un juicio público y sin miedo a que la institución se preocupe más por su prestigio que por la verdad.
Cornell me recuerda que la justicia y la perspectiva de género no son enemigas del debido proceso. Podemos exigir una investigación seria y, al mismo tiempo, defender la presunción de inocencia. Podemos escuchar a una denunciante sin convertir su relato en una sentencia, proteger a una víctima sin condenar anticipadamente a un acusado y exigir responsabilidad institucional sin sustituir a los tribunales. De hecho, eso es precisamente lo que una sociedad madura debería ser capaz de hacer.
Tal vez por eso este caso importa. No solamente por lo que presuntamente ocurrió en una casa de fraternidad en Nueva York. Importa porque cada institución, tarde o temprano, enfrenta una prueba parecida. Una mujer entra por una puerta y dice: "necesito que me escuchen", en ese momento comienza nuestra responsabilidad.
No sabemos todavía todo lo que ocurrió en Cornell. La investigación tendrá que determinarlo. Pero sí podemos decidir qué aprender de lo que está sucediendo, podemos decidir que una denuncia no será una molestia administrativa, que investigar no significará simplemente llenar un expediente, que proteger la reputación de una institución nunca estará por encima de proteger los derechos de las personas, que la presunción de inocencia no debe convertirse en presunción de que la mujer miente y que la perspectiva de género no consiste en creer ciegamente.
Consiste en preguntar mejor, investigar mejor y comprender que existen desigualdades que durante mucho tiempo hicieron que determinadas voces fueran escuchadas menos que otras.
Cornell no está tan lejos de nosotros, porque la pregunta no es estadounidense. La pregunta es universal: cuando una mujer dice "me hicieron daño", ¿qué hacemos nosotros con su voz?, la respuesta que demos a esa pregunta dice mucho más de nuestra cultura institucional que cualquier protocolo pegado en una pared.
Y quizá sea momento de dejar de preguntarnos únicamente cómo evitar que las mujeres sean víctimas.
Y empezar a preguntarnos algo mucho más profundo: ¿Qué estamos haciendo para construir una sociedad en la que nadie crea tener derecho a violentarlas?
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