LA DEMOCRACIA ¿AVANZA?
Las elecciones intermedias celebradas en Estados Unidos el pasado 3 de noviembre dejan una serie de hitos históricos que merecen una reflexión: Keisha Lance Bottoms será la primera mujer afroamericana en gobernar un estado de Estados Unidos; Deb Haaland, la primera mujer indígena en ocupar una gubernatura; Gina Hinojosa, la primera mujer latina en gobernar Texas; Xavier Becerra, el primer gobernador latino electo de California, y Amy Acton, la primera mujer elegida para gobernar Ohio. Se suman la llegada de Peggy Flanagan, primera mujer indígena en el Senado; Abdul El-Sayed, primer senador musulmán, Chris Pappas, primer hombre abiertamente gay en ocupar un escaño y Alison Montgomery la primera legisladora estatal trans.
Otro dato importante está en las cifras de representación femenina: al menos 17 mujeres gobernarán estados en 2027, un nuevo récord en la historia estadounidense, y al menos 116 mujeres demócratas formarán parte del Congreso.
Los resultados también llaman la atención por el contexto internacional en el que ocurren ya que en distintas partes del mundo observamos el crecimiento electoral de fuerzas que cuestionan avances en materia de derechos e igualdad, y sorpresivamente las elecciones estadounidenses muestran como otra cara la posibilidad de ampliar la representación y abrir espacios de poder a quienes históricamente han permanecido fuera de ellos. No significa que un fenómeno contrarreste al otro, ni que estos resultados anuncien un cambio definitivo de dirección, pero quienes nos jactamos de estar a favor de la pluralidad estamos felices de todas estas "primeras veces", esto sin olvidar que tenemos que ir más allá y abrir conversaciones sobre todo lo que significa que personas y comunidades que habían sido excluidas sean ahora tomadoras de decisiones y qué nos dice esto sobre la evolución de la democracia.
El ejercicio del poder político ha estado condicionado por barreras que no siempre aparecen escritas en las leyes, pero que han determinado quiénes pueden competir, quiénes tienen posibilidades reales de ganar y quiénes son considerados socialmente aptos para gobernar. El género, el origen étnico, la condición socioeconómica, la religión y la orientación sexual han operado, en distintos contextos, como fronteras para la participación política.
En América Latina conocemos bien estas barreras y a pesar de ellas hemos vivido avances importantes en la construcción de mecanismos para garantizar una representación más plural, pero también sabemos que los avances normativos y electorales no siempre se traducen en igualdad de oportunidades ni en una distribución más equitativa del poder y tampoco se pueden dar por sentado, porque están bajo amenaza SIEMPRE.
México no está exento de estas contradicciones. Tener por primera vez a una mujer como presidenta es, sin duda, un avance en materia de representación, como lo es el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Sin embargo, estos avances conviven con preocupaciones sobre la independencia judicial, los contrapesos institucionales y las garantías para el ejercicio de derechos. La representación, por sí sola, no nos protege de los retrocesos.
Por eso los resultados gringos deben mirarse con una perspectiva que va más allá de la celebración de los hitos históricos. La representación importa, en este espacio lo repetimos constantemente, pero no es suficiente. Que una mujer llegue a una gubernatura no significa automáticamente que todas las mujeres tendrán mejores condiciones de vida. Que una persona indígena ocupe un espacio legislativo no garantiza, por sí mismo, que las demandas de sus comunidades se conviertan en políticas públicas. Que una institución sea más diversa tampoco asegura que sus decisiones sean más justas. Ejemplos de ello hay bastantes.
Pero tampoco debemos minimizar el significado de estos acontecimientos, si bien la democracia no es una construcción terminada, cada paso hacia adelante cuenta. El reto es que dejemos de entender la representación como una concesión y empecemos a reconocerla como una condición indispensable de la democracia.
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