Víctimas de presunto fraude al IMSS buscan orientación jurídica en Gómez Palacio

A poco más de una semana de que empleados activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaran en la Vicefiscalía de Durango para denunciar un presunto fraude que habría afectado severamente su patrimonio, este miércoles 7 de enero un grupo de personas volvió a movilizarse, ahora con un objetivo distinto: recibir orientación jurídica especializada.

Los afectados acudieron a las oficinas de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, capítulo Durango Región Laguna, ubicadas en el centro de Gómez Palacio, donde sostuvieron una reunión informativa con asesores legales que buscan acompañarlos durante el proceso penal.

En entrevista, Luis Heriberto Morales Ruiz, asesor jurídico de las víctimas, explicó que el acercamiento se dio a través de la propia Comisión, la cual ha fungido como enlace para canalizar a las personas afectadas y brindarles acompañamiento legal en un caso que ha generado incertidumbre, molestia y desinformación entre los denunciantes.

“Somos asesores jurídicos ahorita de las víctimas de fraude de los trabajadores del IMSS. Tuvimos una reunión por medio de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, quien es la que está acercando a las personas víctimas de este delito, y estamos ofreciendo el acompañamiento y la asesoría dentro de este proceso penal”, señaló.

El abogado detalló que uno de los principales puntos abordados durante la reunión fue la forma correcta en la que deben presentarse las denuncias, subrayando que estas deben estar plenamente apegadas a derecho y contener información precisa, evitando generalidades que puedan entorpecer la investigación.

“Les comentamos que tienen que presentar sus denuncias de manera ordenada, estableciendo claramente las circunstancias de modo, tiempo y lugar. No pueden ser denuncias genéricas; tenemos que ser muy precisos en fechas de depósitos, estados de cuenta, documentos firmados, tarjetones o cualquier comprobante que muchas víctimas ya nos han estado presentando”, explicó Morales Ruiz.

Agregó que también se busca que todas las querellas vayan encaminadas en el mismo sentido, a fin de fortalecer la línea de investigación que se presentará ante la Fiscalía y evitar contradicciones que puedan ser utilizadas en contra del proceso.

El asesor jurídico reconoció que, tras las manifestaciones previas, el ambiente entre las personas afectadas era de evidente enojo y desesperación, particularmente porque los hechos ocurrieron al cierre del año, cuando muchas de las víctimas confiaron sus ahorros, inversiones o patrimonio familiar.

“Una buena orientación jurídica definitivamente te da tranquilidad. Ellos, lamentablemente, a finales de año se vieron involucrados en esta falta de compromiso de una persona a la que le entregaron sus ahorros, su patrimonio, lo que iba destinado para su familia. Había mucho disgusto y mucha desinformación”, expresó.

Morales Ruiz indicó que durante la reunión también se aclararon dudas recurrentes, especialmente aquellas relacionadas con la exigencia inmediata de órdenes de aprehensión, explicando que el proceso legal no es automático y debe respetar el debido proceso.

“Es un delito patrimonial y todo inicia con una denuncia. La Fiscalía debe abrir la carpeta de investigación, recabar datos, citar a las partes y, en caso de que la persona señalada no comparezca, entonces sí acudir ante un juez de control para solicitar una orden de aprehensión. No es algo inmediato ni sencillo”, puntualizó.

El abogado fue enfático en señalar que, por responsabilidad profesional, no puede adelantar escenarios ni confirmar acciones legales específicas, ya que aún no ha tenido acceso a las carpetas de investigación abiertas, pese a que ya se han presentado nombramientos como asesores jurídicos de al menos tres víctimas.

“Sería muy aventurado pronunciarme sobre órdenes de aprehensión o avances, porque no conocemos aún el contenido de las carpetas. Hay mucha desinformación y lo que les pedimos es que se guíen únicamente por la información que les proporcionen sus asesores, que es la que emana directamente de la Fiscalía”, indicó.

Finalmente, Morales Ruiz informó que la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos atiende en un horario corrido de 9:00 a 19:00 horas, y que el despacho jurídico que representa trabaja en coordinación con dicha instancia para brindar atención integral a las víctimas.

“Somos un equipo legal que ha trabajado en asuntos de este tipo, incluso en casos mediáticos, y por eso la comisión nos buscó para apoyar. Estamos trabajando de manera coordinada para dar seguimiento y acompañamiento a todas las personas afectadas”, concluyó.

La reunión permitió que los manifestantes se retiraran con un panorama más claro sobre el camino legal a seguir, a la espera de que las denuncias avancen y se determine la responsabilidad correspondiente por el presunto fraude que afectó a decenas de trabajadores y jubilados del IMSS en la región Laguna.