Videos desmentirán acusaciones de violencia en anexo femenino: dueña
Propietaria y familiar de consejera aseguran que existen cámaras que desmentirán los señalamientos y afirman que tienen los documentos en regla; denuncias por maltrato a internas siguen bajo investigación.
El centro de rehabilitación femenil, fue clausurado por la Fiscalía General del Estado en días recientes tras reportes de probables casos de violencia contra internas, situación que actualmente se encuentra bajo revisión ministerial, mientras las responsables del lugar rechazan las acusaciones y aseguran contar con evidencia videográfica y documentación en regla.
La clausura derivó de denuncias presentadas por al menos cuatro mujeres ante la autoridad ministerial, en las que señalaron presuntas agresiones y castigos dentro del establecimiento, lo que motivó una verificación y posterior intervención de la Fiscalía.
En entrevistas por separado, la suegra de una de las consejeras del centro, Miroslava Saucedo, así como la propietaria del establecimiento, Karina García Cuéllar, negaron que existieran actos de violencia y afirmaron que las acusaciones forman parte de señalamientos sin sustento que deberán ser aclarados ante la autoridad.
Juanita Cázares, familiar de la consejera, sostuvo que su nuera trabajaba en el centro desde hace casi un año y pidió que las autoridades revisen el caso de manera exhaustiva, al señalar que existen cámaras de videovigilancia que podrían aclarar los hechos investigados.
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Tras detectar que tres de las cuatro internas entrevistadas presentaban lesiones leves, la Fiscalía aseguró el inmueble de MonclovaAfirmó que durante la intervención de las autoridades se revisó documentación del centro, la cual —según su versión— se encontraba en regla, incluyendo permisos y registros correspondientes para operar como establecimiento de rehabilitación.
Cázares indicó además que desconoce la situación legal actual del caso, aunque mencionó su preocupación por las acusaciones que enfrentan las personas señaladas, y pidió que se verifiquen las pruebas disponibles.
Por su parte, la propietaria Karina García Cuéllar aseguró que el centro había recibido verificaciones previas por parte de autoridades estatales y que contaba con documentación sellada que acreditaba su funcionamiento.
La responsable del anexo señaló que, tras la intervención, se realizaron revisiones en las instalaciones y se aseguró material de videograbación, el cual —afirmó— demuestra las condiciones en que operaba el centro y el trato brindado a las internas.
García Cuéllar sostuvo que las denuncias podrían derivar de conflictos entre internas en proceso de rehabilitación, al tiempo que afirmó que algunas de las mujeres que señalaron maltrato ya habían concluido su tratamiento o mantenían procesos inconclusos.
Asimismo, mencionó que una de las internas habría sido rescatada previamente en condiciones de riesgo y llevada al centro por sus familiares, situación que —según su versión— está documentada con imágenes.
La propietaria agregó que el caso ya es atendido por el Ministerio Público y que las cámaras del establecimiento fueron entregadas a la autoridad para su revisión, con el objetivo de esclarecer los hechos denunciados.
Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado mantiene la investigación abierta para determinar si existieron o no actos de violencia dentro del centro de rehabilitación femenil clausurado.recuperación, que siguen igual.
