Villarreal intentó comprar AHMSA en 2021; hoy Afirme y Cargill son acreedores clave
Mucho antes de que Altos Hornos de México entrara en concurso mercantil y posteriormente en quiebra, Julio César Villarreal Guajardo, propietario del Grupo Afirme y Villacero ya había intentado convertirse en el nuevo propietario de la siderúrgica mediante una operación que finalmente fracasó.
El empresario regiomontano encabezó en 2021 la Alianza Minerometalúrgica Internacional, con la que pactó adquirir 55 por ciento de las acciones de Grupo Acerero del Norte, sociedad controladora de AHMSA.
El contrato fue firmado el 14 de abril de 2021 por un grupo de accionistas de Grupo Acerero del Norte y AMI, quedando sujeto al cumplimiento de diversas condiciones suspensivas, entre ellas autorizaciones de las autoridades regulatorias y de competencia económica.
La operación habría colocado a Villarreal y sus inversionistas al frente del control accionario de la siderúrgica y habría significado la salida de Alonso Ancira Elizondo y de su familia del control de la compañía.
El intento de compra ocurrió mientras AHMSA enfrentaba una complicada situación financiera y Ancira el proceso derivado de la venta de Agro Nitrogenados a Petróleos Mexicanos.
La relación entre Cargill y AHMSA también era fundamental para entender aquella operación. En mayo de 2019, Cargill Financial Services International otorgó a la acerera financiamiento garantizado por 575 millones de dólares, integrado por un adelanto de 475 millones y una línea revolvente de 100 millones.
Ese financiamiento estaba destinado a cubrir obligaciones derivadas del levantamiento de la suspensión de pagos y aportar capital de trabajo a la siderúrgica, convirtiendo a Cargill en uno de los acreedores financieros de mayor peso.
Por ello, Cargill y el grupo de Villarreal aparecieron posteriormente como dos de los actores financieros con mayor exposición sobre AHMSA, aunque el contrato de adquisición accionaria de 2021 correspondió formalmente a AMI y no a una sociedad conjunta Cargill-Villacero.
Ancira rompe el acuerdo
El 17 de agosto de 2021, los tenedores de la mayoría accionaria de Grupo Acerero del Norte comunicaron a AMI que consideraban inaplicable el acuerdo para transferirle el 55 por ciento de las acciones.
Días después, AHMSA informó que el convenio había sido dejado sin efecto debido, según la empresa, a incumplimientos de cláusulas por parte de la Alianza Minerometalúrgica Internacional y a irregularidades legales que afectaban la operación.
La siderúrgica no detalló públicamente cuáles eran todas las cláusulas que AMI habría incumplido, mientras que el grupo encabezado por Villarreal rechazó esa versión y sostuvo que el contrato continuaba vigente.
AMI afirmó entonces que había cumplido y que cumpliría los compromisos asumidos con la familia Ancira mediante el contrato firmado en abril, por lo que se abrió una disputa pública sobre la vigencia de la compraventa.
El grupo de Villarreal también sostuvo que había participado en la constitución de un fideicomiso de garantía relacionado con el acuerdo reparatorio de Ancira con Pemex (Petróleos Mexicanos), aunque señaló que dicho fideicomiso no había sido firmado por el empresario ni por el resto de su familia.
La controversia terminó sin que Villarreal adquiriera el 55 por ciento de las acciones de Grupo Acerero del Norte y, por consecuencia, sin que aquella operación produjera el cambio de control esperado en AHMSA.
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La historia adquirió nuevamente relevancia en 2023, cuando Cargill y Villacero fueron señalados como posibles participantes en negociaciones para sacar a Ancira de AHMSA y aportar nuevos recursos para reactivar la empresa.
Armando Guadiana Tijerina declaró entonces que Cargill era el principal acreedor financiero y que el grupo de Villarreal constituía otro de los principales acreedores involucrados en las negociaciones.
Posteriormente surgió una nueva estructura de negociación en la que participaron Argentem Creek Partners y otros inversionistas, pero tampoco consiguió consolidarse una recuperación definitiva de la siderúrgica.
Con el paso del tiempo, AHMSA dejó de operar, entró en concurso mercantil y posteriormente fue declarada en quiebra, llevando la propiedad de sus activos a un proceso judicial de liquidación.
Ahora, Cargill y Afirme vuelven a ocupar un lugar central en el proceso, pero por una razón distinta: sus créditos garantizados les otorgan derechos sobre determinados activos de la empresa.
En 2026, información publicada sobre el proceso concursal estableció que Cargill mantiene créditos por alrededor de mil 422 millones de UDI, equivalentes entonces a unos 12 mil 385 millones de pesos, mientras que Afirme y Almacenadora Afirme acumulan alrededor de 954 millones de UDI.
Ambos acreedores concentran conjuntamente alrededor de 46 por ciento de la deuda reconocida de AHMSA, de acuerdo con información difundida durante el proceso de liquidación.
Así, el intento de compra de 2021 adquiere una nueva dimensión: Villarreal no consiguió entonces comprar el control accionario de AHMSA a Ancira, pero su grupo financiero terminó convertido en uno de los principales acreedores garantizados de la siderúrgica.
Cargill, por su parte, pasó de ser una institución financiera que otorgó cientos de millones de dólares para sostener a AHMSA a convertirse también en uno de los acreedores determinantes dentro de la liquidación.
La diferencia fundamental es que aquella operación buscaba adquirir las acciones y asumir el control corporativo de AHMSA, mientras que el procedimiento actual busca enajenar los activos de la empresa dentro de un proceso judicial de quiebra.
El antecedente explica por qué los nombres de Cargill y Villarreal vuelven a aparecer juntos en la historia de Altos Hornos, aunque jurídicamente representan posiciones distintas dentro del proceso.
En 2021, Villarreal intentó convertirse en propietario mediante la adquisición accionaria pactada con la familia Ancira, pero el acuerdo fue revocado antes de concretarse.
Cinco años después, ambos grupos se encuentran nuevamente frente a los activos de AHMSA, esta vez como acreedores con garantías y dentro de una subasta judicial que determinará el destino de la unidad productiva.
