Vinculan a funerarias y Semefo con la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; suman siete detenidos
El rastreo de los teléfonos de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde 2014 abrió dos nuevas rutas en la investigación: una posible red vinculada con funerarias y el Servicio Médico Forense de Iguala, y la hipótesis de que unos 17 normalistas pasaron por la comandancia municipal antes de su desaparición.
Los rastreos telefónicos fueron posibles porque criminales y funcionarios utilizaron de forma ilegal los teléfonos de los desaparecidos.
Durante una conferencia de prensa para presentar avances en la investigación, el fiscal del caso, Mauricio Pazarán, informó este lunes que el reanálisis de registros telefónicos de 2014 y 2015 permitió identificar a 17 nuevas personas que no habían sido investigadas.
También señaló que fue posible reconstruir comunicaciones entre integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos, policías, servidores públicos y particulares durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
“Hoy sabemos quién se comunicó con quién, cuántas veces, en qué momento”, afirmó Pazarán, quien detalló que uno de esos cruces llevó a Rodolfo, un empresario funerario cuya familia también operaba el Semefo y tenía participación en el panteón municipal.
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La Fiscalía mexicana estableció además que Rodolfo utilizó el 4 de octubre de 2014 el teléfono del estudiante Julio César Mondragón Fuentes, un dato que reforzó la investigación sobre funerarias y derivó en cateos.
En la Funeraria El Ángel, las autoridades reportaron un resto óseo guardado en un cajón, un arma de fuego, documentación, un crematorio sin registro, certificados de defunción, oficios de traslado y autorizaciones de inhumación firmadas y selladas en blanco.
Posteriores búsquedas en la funeraria y el Semefo permitieron localizar 23 indicios, incluidos cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales y restos biológicos.
Parte del material sigue bajo análisis con participación del Equipo Argentino de Antropología Forense, que también trabaja en el caso.
La Fiscalía relaciona estos indicios con testimonios que apuntan a que algunos jóvenes pudieron ser trasladados a funerarias, por lo que investiga como hipótesis una red utilizada por Guerreros Unidos para hacer desaparecer evidencia.
Según las autoridades, siete personas relacionadas con esta línea están vinculadas a proceso.
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Otra línea prioritaria busca esclarecer si unos 17 normalistas pasaron por la comandancia de Barandilla de Iguala.
La Fiscalía reúne siete declaraciones —cuatro de policías municipales, dos de integrantes de Guerreros Unidos y una de un sobreviviente—, además del rastro del teléfono de Israel Caballero Sánchez, utilizado después de la desaparición por la esposa de un exservidor público.
De acuerdo con el Gobierno, esos elementos contradicen la versión de José Ulises Bernabé, cuya extradición ha sido solicitada a Estados Unidos y quien afirmó que aquella noche solo ingresaron seis detenidos que no eran estudiantes.
“Para el Gobierno de México, esclarecer lo ocurrido en la Barandilla es una línea de investigación prioritaria”, así lo dijo el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina.
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La presidenta busca que especialistas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos evalúen el trabajo de las autoridades y determinen si su participación puede ayudar a esclarecer el casoProcesos, extradiciones y avance de la investigación
Las pesquisas rastrearon los teléfonos de Jorge Antonio Tizapa y Jorge Aníbal Cruz, avanzaron sobre el presunto ocultamiento de videograbaciones del Palacio de Justicia y mantienen procesos de extradición desde Estados Unidos e Israel.
"Mencionar que durante la visita a México del secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, en septiembre de 2025, el tema fue abordado directamente por nuestra presidenta", mencionó respecto a las solicitudes ante Estados Unidos.
La unidad investigadora especial del caso reportó 168 personas procesadas, de las cuales 130 están en prisión, además de 30 detenciones desde octubre de 2024.
Medina agregó que 17 militares están procesados penalmente y que las pesquisas mantienen también responsabilidades federales abiertas.
La Fiscalía informó que ha digitalizado cerca del 90 % de cinco millones de hojas en los expedientes y que desde 2019 se han intervenido 1,931 sitios de búsqueda.
El Gobierno abrió una ruta con ONU-DH para incorporar expertos independientes, aunque rechazó que el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) retome el caso.
