(EL SIGLO DE TORREÓN)
La violencia familiar y el consumo de drogas o sustancias psicoactivas representan una preocupación para las autoridades e instituciones que integran la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, organismo que impulsará la ampliación de un proyecto de intervención comunitaria que ya se desarrolla para atacar dichas problemáticas.
Durante la reunión plenaria que se efectuó ayer, se resaltó la importancia de dirigir los esfuerzos hacia estos dos temas en particular, en lo que constituye una reconfiguración del mapa delictivo en esta ciudad, donde los delitos de alto impacto ya no aquejan a niveles preocupantes.
Gerson Garza Tijerina Mura, coordinador de la Mesa Ciudadana, que es parte de la Red de Mesas Ciudadanas de la organización civil México SOS en Torreón dijo que se está poniendo una atención especial a la violencia familiar, con algunas iniciativas que requieren de continuidad para ampliar los resultados.
Hace algunos meses se puso en marcha el Proyecto de Intervención Comunitaria, a modo de plan piloto, que de acuerdo con los resultados mostrados en la reunión, ha servido para incidir en una disminución de los reportes por esos ilícitos a los servicios de emergencia del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4).
Los mapas de calor que ilustran la incidencia de reportes, reflejan una reducción considerable hasta el mes de abril de este año, comparativamente con los dos años anteriores.
De acuerdo con lo señalado por Garza Tijerina, la iniciativa se atiende con recursos económicos a través de la Fundación del Empresariado Coahuilense, A.C.
Considerando que los resultados son favorables en la fase piloto, se establecerá la coordinación necesaria para dar continuidad al programa y ampliarlo a distintos sectores de la ciudad que muestran una mayor incidencia.
La intervención se basa en acciones específicas de concientización e información entre la ciudadanía sobre el fenómeno de la violencia, mediante el acercamiento con las instituciones y la canalización adecuada de los casos para su atención.
De enero a abril de este año, en Torreón se integró un total de 887 carpetas de investigación por violencia familiar, mientras que en el mismo periodo de 2025 fueron mil 73 carpetas, un 30.5 por ciento menos; no obstante, la tasa por 100 mil habitantes fue de 110.38, muy por encima del 65.37 que representa la tasa a nivel nacional.
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Otro de los temas que se abordó durante la reunión plenaria de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia fue el relacionado con las adicciones, y la necesidad de que se regule la operación y el funcionamiento de los centros de rehabilitación.
Al respecto, se indicó que la situación en La Laguna y el estado de Coahuila indica un aumento en la demanda de tratamiento por drogas duras, frente a una infraestructura insuficiente que ha permitido la proliferación de centros clandestinos.
Con datos del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna, se muestra que en la Zona Metropolitana de la Laguna (ZML), la demanda de tratamiento por consumo de sustancias aumentó un 247 por ciento entre los años 2020 y 2023. En todo el estado de Coahuila, el incremento fue del 240 por ciento.
El perfil del consumidor ha cambiado radicalmente, pues mientras que en 2017 la marihuana era la principal causa de internamiento, con el 40 por ciento, para el año 2023 los estimulantes de tipo anfetamínico (cristal) representan el 65 por ciento de los casos en la Zona Metropolitana de La Laguna.
Por otra parte, se indicó que el 63 por ciento de quienes buscan tratamiento son adolescentes y jóvenes de entre 10 y 29 años.
Sobre el estado de los anexos o centros de rehabilitación, se dio a conocer que de más de 400 centros en Coahuila, solo 240 cumplen con los requisitos de ley, y muchos operan en domicilios particulares sin identificación y cambian de ubicación constantemente para evadir inspecciones.
Aunque se realizan verificaciones, el 85 por ciento de las visitas a anexos detectan anomalías, muy pocos han sido clausurados por este motivo. Se han documentado al menos 20 muertes en anexos de Coahuila en los últimos cinco años, revelando patrones de tortura, golpes, e incluso negligencia médica.
A esto se suma que en esta región, se cuenta apenas con 5.4 psicólogos y 0.4 psiquiatras por cada 100 mil habitantes. Esta carencia empuja a los familiares a recurrir a anexos privados y no regulados.
En la reunión plenaria de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia se contó con la participación del fiscal del Estado, Federico Fernández Montañez; el comandante del Mando Especial de La Laguna, coronel Omar León Arroyo; el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro, así como titulares de instituciones y dependencias de los tres órdenes de gobierno.
