Viuda de Salayán exige justicia y cuestiona actuación de ex MP en caso del anexo de Frontera
'Justicia para Jesús Salayán' volvió a ser la exigencia central de su viuda, Cynthia Marisol Vara García, quien denunció presuntas irregularidades en la integración de la carpeta de investigación por el homicidio ocurrido el 8 de julio de 2022 en un anexo de Ciudad Frontera.
La víctima fue asesinada presuntamente tras ser golpeada por varias personas dentro del centro de rehabilitación “Escudo de Salvación”, caso por el que actualmente existen nueve imputados, de los cuales siete permanecen en prisión preventiva y dos continúan en libertad bajo medidas cautelares.
Durante una audiencia relacionada con la revisión de medidas cautelares, Vara García manifestó su inconformidad por la forma en que se ha desarrollado el proceso judicial durante casi cuatro años.
Señaló que existen elementos que, a su juicio, evidencian favoritismos hacia algunos de los imputados y cuestionó la actuación de funcionarios que tuvieron participación en la investigación.
La viuda afirmó que el entonces agente del Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación, Abdiel Garza Lozano, no solicitó determinadas medidas cautelares contra algunos de los acusados.
Además, aseguró que existía un vínculo familiar entre dicho funcionario y una de las partes involucradas en el proceso, situación que, consideró, debió impedir su intervención.
Vara García recordó que desde el asesinato de su esposo ha mantenido una lucha constante para evitar que el caso quede impune.
Destacó que ha asistido a todas las audiencias y que continúa exigiendo justicia para sus hijos y para la memoria de Jesús Salayán Díaz.
Justicia para Jesús Salayán sigue en litigio
La afectada señaló que los propietarios del anexo donde ocurrieron los hechos, identificados como Erick Alfaro Campos y Ángel Gómez Gómez, se encuentran entre las personas procesadas. Indicó además que algunos de los imputados portan brazaletes electrónicos y sostuvo que ha presentado ante las autoridades evidencias sobre presuntos incumplimientos a las restricciones impuestas por la autoridad judicial.
Piden prisión para Erick y Ángel
Por su parte, la abogada de la familia, Juanita Olalde Felipe, explicó que recientemente se llevó a cabo una audiencia en la que solicitaron la imposición de prisión preventiva oficiosa para dos de los acusados que actualmente enfrentan el proceso en libertad.
La litigante detalló que dichas personas obtuvieron anteriormente la protección de la justicia federal mediante un amparo que impidió la aplicación de esa medida cautelar. Sin embargo, aseguró que el recurso legal ya fue concluido y que actualmente no existe impedimento para que un juez ordene su ingreso a prisión mientras continúa el proceso penal.
Olalde Felipe argumentó que la situación genera una desigualdad procesal, ya que otros siete imputados por el mismo delito permanecen sujetos a prisión preventiva oficiosa. Según explicó, el juez determinó que la medida no podía aplicarse retroactivamente debido a que no fue solicitada oportunamente por el Ministerio Público cuando se desarrollaron las audiencias iniciales.
Defensa anuncia recursos legales
Ante la negativa judicial, la representante legal anunció que interpondrán los recursos legales correspondientes para intentar modificar la resolución. Indicó que incluso podrían solicitar nuevas audiencias para insistir en la revisión de las medidas cautelares.
La abogada recordó que el caso deriva de la muerte de Jesús Salayán Díaz ocurrida en 2022 dentro del centro de rehabilitación ubicado en Ciudad Frontera, donde presuntamente fue agredido por diversas personas. El proceso penal continúa abierto y la familia mantiene la exigencia de que todos los involucrados enfrenten las mismas condiciones jurídicas mientras se determina su responsabilidad.
La demanda de Justicia para Jesús Salayán se mantiene vigente a casi cuatro años de los hechos, mientras la familia busca que los tribunales revisen nuevamente la situación legal de los dos imputados que permanecen fuera de prisión.
