Ley Silla: Ya hay seis empresas sancionadas por negar asiento a trabajadores

Hasta el momento se han iniciado seis procedimientos administrativos sancionadores contra empresas que, estando obligadas, no han cumplido con la Ley Silla. 

Las sanciones van desde multas administrativas hasta la posibilidad de clausura del centro de trabajo en casos de incumplimiento grave.

Berenice Morales de Ávila, secretaría del Trabajo y Previsión Social de Durango, dijo que se ha intensificado la supervisión del cumplimiento de la llamada Ley Silla, disposición que entró en vigor el 18 de diciembre de 2025 y que garantiza el derecho de los trabajadores a contar con un asiento en sus centros laborales.

Informó que desde esa fecha la verificación de este derecho se incorporó de manera permanente en las inspecciones diarias que realiza la Secretaría.

“Antes revisábamos las condiciones generales de trabajo, ahora el cumplimiento de la Ley Silla ya forma parte de nuestro protocolo”, explicó.

Las multas, precisó, se aplican de acuerdo con la actividad económica de la empresa, el número de trabajadores y la magnitud de la falta detectada durante la inspección. En todos los casos, las empresas reciben una prórroga de cinco días para subsanar las observaciones; si no lo hacen, se procede al inicio del procedimiento sancionador.

En la región de La Laguna, algunas empresas del sector comercio y de comidas rápidas han sido objeto de estas verificaciones. Aunque ninguna ha llegado a clausura, sí se encuentran en proceso administrativo por dificultades para implementar la medida.

La funcionaria subrayó que la Ley Silla busca dignificar las condiciones laborales y proteger la salud de los trabajadores, especialmente en actividades donde permanecen largos periodos de pie.

“Es un derecho que ya está vigente y que debe cumplirse en todos los centros de trabajo. Nuestra labor es verificarlo y sancionar cuando no se respete”, puntualizó.

Aseguró que el gobierno de Durango busca consolidar una cultura de respeto a los derechos laborales, recordando que la Ley Silla no es una concesión, sino una obligación legal que impacta directamente en la calidad de vida de miles de trabajadores.