El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el jueves 6 de agosto uno de los golpes más duros a la seguridad hídrica del país y a los derechos humanos que debería proteger: la aprobación del fracking, particularmente en estados del noreste del país, como Coahuila, Nuevo León y norte de Tamaulipas, una región donde la escasez de agua ya provoca conflictividad social, declaró la Alianza Mexicana Contra el Fracking a través del comunicado “Fracking, ni aquí ni allá” suscrito por 33 organizaciones luego de que esa mañana el comité científico presidencial y la mandataria dieron a conocer los primeros resultados y pasos a seguir en materia de fracking en México.
El anuncio de Claudia Sheinbaum se produjo en medio de la crisis de salud y ambiental provocada por la explosión del pozo exploratorio de gas Krem-1 de Pemex en Las Choapas, Veracruz, y faltando a sus propios compromisos.
Blindar la cuenca Tampico-Misantla no basta —enfatizó la alianza—: exigimos la prohibición total del fracking en México, también en el noreste del país.
La prohibición del fracking sigue siendo un compromiso incumplido de Claudia Sheinbaum.
Con la intención de lograr legitimación, la presidenta turnó la decisión a un comité coordinado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), encabezada por Rosaura Ruiz.
El 15 de abril, la presidenta presentó a 17 especialistas con un mandato preciso: analizar la “posible explotación sustentable” del gas no convencional.
El encargo revelaba un sesgo de origen: no buscaba responder si México debía prohibir el uso de fracking, sino cómo usarlo con menos culpa.
Las organizaciones firmantes del comunicado reiteran que, por definición, es imposible hacer demanera “sustentable” la exploración, extracción y quema de combustibles fósiles.
¿Cómo esperan legitimar la opinión de un comité al que no fueron invitados integrantes de las comunidades que serían directamente afectadas, ni personas expertas en epidemiología, derechos humanos y territorios indígenas? Esta omisión no es accidental: el fracking no es un asunto puramente técnico; es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos. Tratarlo sólo como ingeniería es ya una forma de manipular el debate.
El gobierno y su comité insisten en que hay nuevas tecnologías que reducen el impacto ambiental e hídrico: uso de agua salobre, reciclaje de agua, espuma de dióxido de carbono (CO2), sustancias de origen orgánico o biodegradables, entre otras.
Sin embargo, estas alternativas aparecen principalmente como experimentos documentados en artículos académicos, no como soluciones utilizadas de manera generalizada en ninguna parte del mundo.
No existe evidencia científica sólida que demuestre que estas técnicas eliminan riesgos estructurales e inherentes de fracking.
Por el contrario, científicos nacionales e internacionales advierten que los riesgos para acuíferos, fugas de metano, sismos inducidos y afectaciones sociales y ambientales no desaparecen con estas supuestas innovaciones.
Lo que sí existe son datos que dimensionan la amenaza.
De acuerdo con la reciente investigación de CartoCrítica, el despliegue del fracking en México no sería actividad puntual ni acotada a unos cuantos pozos. Para recuperar apenas el 10 % de los recursos prospectivos se requerirían más de 25 mil pozos y 1,923 millones de metros cúbicos de agua dulce.
El anuncio científico-Sheinbaum tampoco explica cuál será la disposición final de residuos, no prohíbe su posible descarga en cuerpos dulces o marinos, ni considera que inyectarlos en pozos de disposición tampoco es seguro: las fisuras, fugas y fallas de integridad pueden no sólo contaminar acuíferos sino provocar sismicidad inducida.
Tampoco garantiza transparentar su ubicación, volumen y composición química.
El tratamiento de estas aguas es poco común,más costoso y económicamente inviable; además, los procesos disponibles no siempre eliminan metales, compuestos disueltos y materiales radiactivos.
El costo social también sería enorme.Más de 6 millones de personas viven dentro de las áreas potenciales de extracción de hidrocarburos no convencionales o en su radio de impacto potencial y estarían en riesgo por exposición directa a contaminantes, vulnerando sus derechos humanos y su salud.
El noreste de México —donde se ubican regiones que hoy son de interés para el gobierno y capitales para exploración y posible explotación de gas no convencional— atraviesa una profunda crisis hídrica.
Alrededor del 40% de la superficie con potencial de hidrocarburos no convencionales presenta estrés hídrico alto o extremo, proporción que se proyecta en aumento hacia 2050.
Se calcula que el 65 % del agua requerida para fracking se ubica en regiones donde la operación consumiría entre el 50% y el 100% del agua disponible localmente.
La conclusión es contundente: 8 de cada 10 litros necesarios para fracking generarían condiciones de riesgo hídrico grave.
Más de 90 organizaciones de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, unidas bajo el frente Noreste sin Fracking, declaran que en una región donde el agua es escasa, estratégica y cada vez más disputada, ningún gobierno debe ponerla al servicio de la industria fósil.
Coahuila, y en particular la Región Carbonífera, ha sido durante décadas territorio de sacrificio para sostener el modelo energético del país.
Sus comunidades han pagado los costos ambientales, sociales y de salud de esa industria, y hoy dejan en claro que no permitirán que el fracking profundice ese mismo modelo de despojo.
Para las comunidades potencialmente afectadas, ningún empleo temporal ni promesa de inversión y supuesto desarrollo justifica sacrificar el agua, la salud y el futuro de sus territorios.
La exigencia es: prohibición constitucional del fracking en todo el territorio nacional, como única garantía de protección a los derechos universales a la salud y a un medio ambiente sano.
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