La nueva Ley de Aguas Nacionales busca cerrar el “mercado negro”: Conagua
La reciente modificación a la Ley de Aguas Nacionales, impulsada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pretende poner fin a décadas de prácticas irregulares en el manejo del recurso hídrico y garantizar seguridad jurídica a ejidos y comunidades campesinas, quienes históricamente han sido los principales usuarios del agua para fines agrícolas.
Gabriel Riestra Beltrán, director del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de Conagua, reconoció que desde la creación de la ley en 1992 y su modificación en 2004 se abrió la puerta a lo que llamó “capítulos negros”: la separación del agua de la tierra. Esto permitió que concesiones agrícolas terminaran abasteciendo industrias, comercios e incluso clubes de golf, generando un mercado paralelo y en muchos casos ilegal.
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“Había un mercado completamente negro, no solo una distribución irregular, sino un negocio que movía agua de agricultores hacia empresas y actividades ajenas al campo”, señaló. En las revisiones previas a la reforma, Conagua detectó casos de concesiones agrícolas utilizadas para abastecer pipas que vendían agua a la industria, así como títulos sin pozos, evidencia clara de acaparamiento.
La nueva legislación busca revertir esa dinámica. Según Riestra, las concesiones de ejidos y comunidades se mantienen intactas, y los distritos de riego conservarán su estructura y derechos.
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Agricultores de Coahuila se unieron a las concentraciones nacionales con tractores y trailas“El agua queda en la propiedad. Nadie pierde su título, ni se modifican los distritos de riego. Al contrario, se les da certeza jurídica para seguir adelante”, afirmó.
En regiones como La Laguna, donde existe un distrito de riego consolidado con 20 módulos, el control comunitario ha evitado que el acaparamiento se desarrolle con la misma fuerza que en estados como Chihuahua, Guanajuato o Jalisco, donde pocos actores concentran grandes volúmenes de agua.
Otro cambio relevante es la incorporación de sanciones penales. Antes, las irregularidades se castigaban con multas administrativas; ahora, quienes participen en el robo o desvío del agua, incluidos servidores públicos, podrán enfrentar penas de 5 a 10 años de prisión. Con ello, se busca frenar el acaparamiento y garantizar que el recurso llegue a quienes realmente lo necesitan.
