Ley Ley General de Aguas genera confusión, Conagua aclara puntos clave
La propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la expedición de una nueva Ley General de Aguas ha generado una ola de inquietudes, interpretaciones y polémica en diversos sectores. Ante la difusión de información considerada como imprecisa, el Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ha salido al paso para aclarar los alcances reales de la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Uno de los principales rumores que ha circulado es la supuesta desaparición de Conagua. Sin embargo, el Gobierno ha sido enfático en cuanto a que la institución no solo permanece, sino que se fortalece en su papel técnico y rector en la gestión del agua. También se ha aclarado que los derechos de los usuarios con títulos vigentes no se verán afectados, ya que la ley no tiene carácter retroactivo.
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La polémica ha girado en torno a temas sensibles como la propiedad del agua, el régimen de concesiones y el impacto en el sector agrícola. En respuesta, las autoridades han subrayado que la iniciativa no promueve la expropiación ni la especulación de títulos de concesión. Por el contrario, busca brindar certeza jurídica y consolidar el compromiso del Estado en la gestión de las aguas nacionales.
En el caso del campo, otro foco de preocupación, el Gobierno ha reiterado que no se vulneran sus derechos. Se impulsa la tecnificación del riego y se garantiza el acceso a programas de apoyo como el Programa Especial de Energía para el Campo (PEUA). Además, se respeta la autonomía de los Distritos y Unidades de Riego en la administración de las aguas concesionadas.
Otro punto que ha generado controversia es el endurecimiento de sanciones por el mal uso del agua. Aunque se tipifican delitos hídricos, las autoridades aseguran que no se busca criminalizar a los usuarios, sino prevenir prácticas que afecten la distribución y disponibilidad del recurso, especialmente aquellas que lucran con la necesidad de agua o fomentan la corrupción.
La iniciativa se sustenta en tres objetivos fundamentales: garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento mediante una distribución clara de competencias entre los tres niveles de gobierno; recuperar la rectoría del Estado en la gestión del agua para asegurar la seguridad hídrica de las generaciones presentes y futuras; y ordenar el régimen de concesiones para evitar el acaparamiento y sancionar el abuso.
Finalmente, se promueve una gestión sustentable y eficaz del recurso hídrico, basada en la responsabilidad compartida entre autoridades y concesionarios. Se impulsa el reúso del agua bajo principios de sostenibilidad y protección ambiental, reafirmando que el agua no debe ser tratada como una mercancía.
