Alertan constructoras y mineras crisis de traslado de combustible en La Laguna

En la región Laguna, las empresas constructoras, mineras y agroindustriales enfrentan un escenario de incertidumbre jurídica que amenaza con convertirse en un problema de grandes dimensiones. El traslado de combustibles para autoconsumo en pequeñas cantidades, una práctica cotidiana para alimentar maquinaria y equipos, se ha convertido en un terreno nebuloso, pues la ley exige permisos, pero no existe claridad sobre cómo obtenerlos, cuánto cuestan ni en qué plazos se pueden tramitar.

Alejandro Jiménez Algara, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en La Laguna, relató que tras una reunión informativa sobre el tema, los empresarios salieron "más preocupados que tranquilos". Esto porque lo que se les pide es tramitar un permiso cuyo costo es millonario, diseñado originalmente para quienes comercializan combustibles, no para quienes los consumen en sus propias operaciones.

"Para las constructoras, para las empresas con maquinaria, esto se vuelve muy complicado porque no existe ningún tipo de permiso para el autoconsumo y para cantidades menores de diésel", explicó.

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La falta de certidumbre se traduce en riesgos concretos como multas millonarias, clausuras, aseguramientos durante revisiones, retrasos en obras y un terreno fértil para la extorsión. Jiménez Algara subrayó que las empresas trasladan combustible de manera legal, no recurren al huachicol, y están a favor de combatirlo. Sin embargo, la ausencia de un marco claro las coloca en una situación vulnerable.

"Queremos estar en la legalidad, pero no hemos tenido respuesta de cómo sacar ese permiso", insistió.

En La Laguna, ninguna empresa cuenta con permisos de autoconsumo en pequeñas cantidades. Algunos empresarios han intentado durante más de un año y medio obtenerlos sin éxito. Mientras tanto, los operativos de revisión ya comenzaron en Durango y se espera que pronto lleguen a Coahuila, lo que incrementa la preocupación en el sector.

La situación se agrava porque las reglas actuales limitan el traslado a menos de 150 litros por vehículo, una cantidad insuficiente para las necesidades de una obra.

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"No hay forma de que las máquinas vayan a la gasolinera, eso es imposible. Con 150 litros no se cubre ni lo mínimo de consumo", señaló el dirigente de la CMIC.

Transportar o almacenar hidrocarburos sin permisos válidos puede derivar en sanciones económicas de hasta 39 millones de pesos, clausuras definitivas y la revocación de permisos por 15 años. En el ámbito penal, las penas van de 4 a 15 años de prisión dependiendo del volumen transportado, con multas que superan el millón de pesos. Incluso el almacenamiento para autoconsumo superior a 30 litros exige aviso a la Comisión Nacional de Energía y requisitos técnicos como tanques certificados y bitácoras de consumo. El incumplimiento puede costar entre 848,000 y 1.6 millones de pesos, además de decomisos.

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