Aprueban comité que analizará nexos de candidatos políticos con el narco; pasará al pleno
La Comisión de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados aprobó este martes la iniciativa que busca crear un nuevo mecanismo para revisar posibles vínculos entre aspirantes a cargos públicos y grupos del crimen organizado rumbo a las elecciones intermedias de 2027.
La discusión se prolongó por más de una hora y terminó con 28 votos a favor, nueve en contra y ninguna abstención, Morena y sus aliados respaldaron la propuesta, mientras que legisladores de oposición manifestaron lo contrario sobre el funcionamiento del modelo y los alcances que tendría para las autoridades electorales.
Reforma irá al pleno de Diputados
Con el aval en comisión, el proyecto será enviado al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y eventual votación.
La reforma plantea la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, un órgano integrado por cinco consejeras y consejeros seleccionados por el Consejo General del INE para un periodo de tres años.
De acuerdo con la iniciativa, esta comisión serviría como enlace entre los partidos políticos y distintas instituciones de seguridad para revisar los perfiles de quienes busquen competir por cargos públicos.
La propuesta establece que la información entregada por los partidos será contrastada con bases de datos y reportes de organismos como el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

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Después de esa revisión, las dependencias podrían emitir alertas en caso de detectar un “riesgo razonable” de posibles nexos con el narco, la información sería entregada de manera reservada, sin compartir detalles específicos sobre investigaciones o expedientes.
Con esos reportes, cada partido político tendría la responsabilidad final de decidir si mantiene o retira una candidatura.
Para concluir, la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, señaló que esta nueva atribución representa un “campo minado” para la autoridad electoral y pidió que exista un diseño institucional claro para evitar conflictos o presiones políticas, advirtiendo que el INE debe operar “sin intervenir en la definición de riesgos”.

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